Decretos y proyectos de ley

Tratándose de medidas de apertura de gestión, cabe en todo caso esperar que resulten promisorias.

El gobierno del presidente Evo Morales acaba de aprobar cinco decretos y tres proyectos de ley que merecen comentario sin embargo de no ser tan espectaculares como lo perfilaba el preparativo de la reunión de gabinete para el despunte del primer día del nuevo año y sí, más bien, traducir en hechos el ideario oficial.

Entre los primeros, el establecimiento del requisito de visa para los ciudadanos norteamericanos que quieran visitar Bolivia, fue el que más repercusión tuvo dentro y fuera del país, por su carácter netamente político coyuntural, circunstancia que aparte de reducir el flujo turístico proveniente del norte, profundizará el distanciamiento mutuo con balance negativo para la economía nacional y no así para la de la potencia, colocada --de paso sea dicho-- junto a países con los cuales el nuestro no tiene intercambio de ninguna naturaleza.

La creación de una Matrícula Consular para los bolivianos residentes en los Estados Unidos, por su lado, es de dudosa efectividad si se considera que allí sólo tienen validez la "tarjeta verde" o la licencia de conducir para cualquier gestión, aunque es de desear que acabe por servir de algo a los miles de connacionales radicados en Washington, primero, y otras urbes, después, siempre que se avengan a pagar el valor correspondiente, fijado en 35 dólares para cada dos años.

La medida que sí beneficiará a la población en estos tiempos de verdadera explosión y creciente necesidad de las comunicaciones, es la que prohibe a las telefónicas el redondeo del tiempo de uso de sus servicios para fines de facturación y cobro, debiendo hacerlo a base del efectivamente empleado en plazo de 60 días.

En la misma dirección se inscribe la transformación de la Nacional Financiera Boliviana (Nafibo) en Banco de Desarrollo Productivo dotado de un capital de 93 millones de dólares para la promoción de la micro y pequeña empresas, sector llamado a proveer fuentes de trabajo y contribuir al Producto Interno Bruto, máxime en condiciones favorables como son las vigentes en el mercado internacional.

La organización de una Unidad Territorial Desconcentrada para el desarrollo de la Amazonia, asimismo, deberá lograr la integración y progreso de una región rica pero inexplicablemente abandonada cual lo fue el oriente en general hasta la década de los años cincuenta del siglo pasado.

En materia de los proyectos de ley, el de ampliación del Seguro Universal de Salud gracias sobre todo al incremento de los ingresos por la venta de los hidrocarburos, es igualmente positivo y generador de justificadas expectativas, mientras que el relativo al Código Procesal de Trabajo podría constituir arma de doble filo e impedimento para la generación de más empleo, al igual que el de jerarquización de la justicia comunitaria para los pueblos indígenas como factor de regresión y conflicto con los tribunales ordinarios.

Tratándose de disposiciones de apertura de gestión, cabe en todo caso esperar que resulten promisorias.