El gobierno de Evo Morales comienza hoy en Santa Cruz la anunciada "Revolución Agraria" con la promulgación de seis decretos supremos y la entrega de 60 títulos de más de 3 millones de hectáreas de tierras a comunidades indígenas y campesinas.
La determinación provocó ayer el rompimiento del diálogo con la Confederación Agropecuaria Nacional (Confeagro), cuyos representantes manifestaron su oposición justamente al punto del plan gubernamental que será puesto en ejecución con las nuevas normas, la distribución de tierras fiscales, y advirtieron la activación de los llamados Comités de Autodefensa conformados por empresarios que amenazaron incluso con "tomar armas".
Después de cerca de ocho horas de negociaciones en el hotel Portales, los empresarios agropecuarios del oriente, Potosí y Chuquisaca, decidieron no continuar con el diálogo por la negativa del Gobierno de posponer la puesta en vigencia de los seis decretos prevista para hoy en un acto especial en el que se espera la presencia de más de 20 mil personas.
El Gobierno adelantó ayer que en el evento que será cumplido en Santa Cruz distribuirá más de 3 millones de hectáreas que cuentan con títulos ejecutoriados y están ubicadas en los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando, Potosí, Oruro y Sucre.
El ministro de Desarrollo Rural, Hugo Salvatierra, dijo que por la decisión de los agropecuarios de mantener la oposición al punto de distribución de tierras fiscales, "es imposible continuar el trabajo técnico (…) y Gobierno está liberado para seguir con la política".
"El Gobierno reafirma su propuesta de distribución de tierras fiscales acompañada de un proceso integral y sostenible de desarrollo para todo el país. En ese sentido, hoy el presidente Morales aprobará los decretos y los hará públicos en la ex terminal de Santa Cruz", añadió Salvatierra.
El viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz, señaló que la actitud de los empresarios es "contradictoria", pues reclaman por supuestos avasallamientos de tierras y asentamientos, pero se resisten "a la clara solución de fondo que es la distribución de tierras que con absoluta legalidad están hoy disponibles y es atribución del Poder Ejecutivo distribuirlas a quien más falta le hacen".
Agregó que la "Revolución agraria" que pretende el Gobierno asegurará a los campesinos e indígenas de Bolivia que serán dueños de varios millones de hectáreas en pocos meses "con absoluta legalidad, con absoluto respeto a la institucionalidad y con el derecho de las demás personas".
Almaraz explicó que la distribución de las tierras fiscales no dañará el derecho de ninguna persona o empresario, ni invadirá áreas protegidas y tampoco concesiones forestales.
Amenaza
La Confeagro, tras la frustrada reunión con el Gobierno, sostuvo en un comunicado que después de haber avanzado en la discusión y acordar que se trabajaría en la revisión técnica del proyecto de ley para la modificación de la Ley INRA y de los decretos supremos, a la hora de redactar el acta de compromiso el Gobierno no habría querido incorporar la revisión de los decretos considerando esta actitud como "un doble discurso político".
"Estos proyectos contienen disposiciones contrarias a la Constitución Política del Estado y las leyes en vigencia, la discusión y modificación de dichas normativas es fundamental y necesaria", señala el documento.
Los agropecuarios, en una conferencia de prensa improvisada en el hotel Portales, advirtieron que los llamados Comités de Autodefensa están en marcha, y adelantaron que acudirán a instancias legales para frenar las disposiciones que el Gobierno pondrá en marcha hoy.
"La voluntad de hacer política con la tierra frenó el diálogo. El derecho legítimo a la defensa del patrimonio legítimo por los productores es un derecho que nadie nos puede quitar y confiamos que el Estado de derecho nos defienda y si no lo hace tenemos derecho de buscar los mecanismos para hacerlo", advirtió el vicepresidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Mauricio Roca.
Constatación de avasallamientos
El Gobierno advirtió ayer que no permitirá el avasallamiento de tierras por parte de empresarios, campesinos, indígenas o militantes del Movimiento Al Socialismo (MAS), una condición para el diálogo puesta por los empresarios de la Confeagro, pero que quedó relegada tras el anuncio de la puesta en marcha de la distribución de tierras.
"La revolución agraria no es para lotear tierras, la revolución agraria no es para asaltar lo que no es de las personas, quienes estén pensando eso están muy equivocadas y por muy miembros o dirigentes del MAS que sean, van a ser castigados con todo el rigor de la ley", dijo el viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz.
El acuerdo previo, que finalmente no perduró, entre Gobierno y empresarios agropecuarios se había determinado la creación de una comisión mixta "de alto nivel" para viajar a los lugares de los supuestos avasallamientos en el oriente boliviano y comprobar si realmente existen.
Para el Gobierno se trata de asentamientos de muchos años que deben ser solucionados con el inicio de procesos de saneamiento para determinar la titularidad.
Hace unos días, el ministro de Desarrollo Rural y Agropecuario, Hugo Salvatierra, denunció que algunos empresarios estaban enviando gente para avasallar tierras a nombre del Movimiento Sin Tierra para incitar a la violencia y desprestigiar el plan de tierras gubernamental.
Arriba donde tenía que ir el decreto
Bases de la nueva política
La nueva política sobre la tierra en el país está diseñada sobre la base de un proyecto de ley, cuyo tratamiento será aún consensuado, y seis decretos que serán promulgados hoy.
La reversión de tierras, que es el punto más polémico para el Gobierno y está contemplada en el proyecto de ley, aún no será aprobada.
Los decretos, sin embargo, darán vía libre para entregar hasta 4,5 millones de hectáreas fiscales exclusivamente a comunidades indígenas y campesinas, y agilizar el saneamiento y titulación.
El principal decreto es el referido a la distribución de tierras fiscales. El Gobierno indicó que existen entre 2 y 4,5 millones de hectáreas de tierras fiscales para dotar, pero con los procesos legales de reversión espera llegar a los 14 millones de hectáreas hasta el final de su gestión.
El decreto tiene por objeto destinar exclusivamente la dotación de todas las tierras fiscales disponibles en favor de pueblos indígenas y comunidades indígenas campesinas y originarias que se hayan declarado hasta la fecha y las que surjan como producto de los procesos de saneamiento en curso.
"Por qué sólo para las comunidades: porque son las que más necesitan la tierra y los que menos las tienen", indicó el viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz.
De acuerdo a datos del INRA, el 95 por ciento de la propiedad agraria distribuida después de 1952 fue destinado al sector empresarial constituyendo y sólo el 5 por ciento se destinó a las formas de propiedad que corresponden al sector indígena campesino.
Otra medida importante, que será determinada a través de un Decreto Supremo, es la celeridad y transparencia del saneamiento de tierras.
La Ley 1715, aprobada en octubre de 1996 en el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, fijó un plazo de 10 años para la legalización de la propiedad agraria en todo el territorio nacional, término que se cumple en octubre de este año.
Almaraz indicó que en este tiempo no se logró sanear apenas 17 millones de hectáreas, menos del 18 por ciento del total, con un presupuesto de 100 millones de dólares.
El decreto ampliará el plazo para el saneamiento posiblemente por cinco años más.
Especialmente en el proceso de saneamiento de tierras será importante la participación social.
Significa que cualquier organización agraria podrá acreditar delegados para participar en todos los procesos de saneamiento y tendrán facultades específicas para controlar sentando, por ejemplo, observaciones en actas.
También se plantea el tratamiento preferencial para las mujeres indígenas y campesinas que son jefes de familia. También las nuevas normas se asegurarán que en las uniones de hecho los títulos de propiedad lleven los nombres de la pareja.
