Los conflictos que están comenzando a brotar son, pues, consecuencia de ciertas conductas excluyentes y totalitarias que deberían revertirse y evitarse antes de que los actuales niveles de tensión crezcan hasta límites incontrolables.

La decisión del Movimiento al Socialismo (MAS) de hacer valer su mayoría en la Asamblea Constituyente para aprobar, sin previo consenso, el carácter "originario" y la forma de votación de la Asamblea ha reavivado en el país el ambiente de tensión y polarización que se respiraba hace no pocos meses.

Seis prefectos del país (con excepción de Oruro, Potosí y Chuquisaca) ya sostuvieron una reunión con carácter de emergencia para analizar la situación presentada tras los deplorables incidentes que sucedieron en la última sesión plenaria de la Asamblea Constituyente, el pasado día viernes.

Adicionalmente, el Comité Cívico de Santa Cruz ha convocado para el día de mañana a una reunión con sus similares de Pando, Beni y Tarija, en la que se prevé la participación de prefectos, munícipes, parlamentarios y asambleístas de esas regiones, con el propósito de coordinar movilizaciones y medidas de hecho para evitar (textual) la aprobación de una Constitución Política del Estado que refleje únicamente el proyecto político del Gobierno.

La acción de esos cuatro departamentos, en los que triunfó el "Sí" a las autonomías, está orientada también a hacer prevalecer en la Asamblea Constituyente los resultados del referéndum vinculante celebrado el pasado 2 de julio junto con la elección de los miembros de la Asamblea Constituyente.

Un nuevo elemento que ahonda el actual estado de tensión política es la más reciente afirmación del Presidente de la República, quien declaró al Gobierno Nacional en "estado de emergencia" no sin antes denunciar un supuesto complot que estaría urdiendo la oposición política para desestabilizar la Asamblea Constituyente.

Debe de tratarse, pues, del mismo complot del que tanto el Primer Mandatario como varios funcionarios de Gobierno han venido responsabilizando a los sectores de la oligarquía, a las empresas transnacionales, a algunos medios de comunicación e inclusive a la reciente movilización cívico-regional protagonizada por el Comité Cívico de Chuquisaca.

Lamentablemente, el Gobierno no ha podido señalar a qué círculos oligárquicos o empresas transnacionales se refiere, y menos ha podido exhibir pruebas del complot que se estaría montando contra una institución de la democracia, como es la Asamblea Constituyente. Y tampoco parece existir en el país una oposición política sólida a la cual pueda atribuírsele una acción de esa naturaleza.

Lo que está sucediendo, y no puede escapar a los ojos del Gobierno, es que el país se está polarizando dramática y peligrosamente con criterios de raza, cultura y nivel socioeconómico. Los conflictos que están comenzando a brotar son, pues, consecuencia de ciertas conductas excluyentes y totalitarias que deberían revertirse y evitarse antes de que los actuales niveles de tensión crezcan hasta límites incontrolables.

Está visto, pues, que cualquier fórmula para garantizar el desarrollo de una Asamblea Constituyente que represente al conjunto -no solamente a un segmento- de la sociedad boliviana, pasa por establecer mecanismos de diálogo y concertación.