Allá los que votaron por el MAS y creen que estos actos responden a posturas legítimas y democráticas. Los que no lo hicimos, que somos el 58% de los ciudadanos habilitados para votar en la elección de julio pasado, creemos en el ejercicio del derecho a expresarse, asociarse, opinar, disentir y transitar con absoluta libertad. Por tal motivo, la AC no puede ni debe ser originaria, ni convertirse en un brazo operador del gobierno
La discusión respecto al carácter de la Asamblea Constituyente (AC) tiene confundida a la mayoría de los bolivianos.
Para muchos, las divergencias que han surgido respecto a su esencia son señal clara de las diferentes visiones de país que existen. Algunos continuarán creyendo que la AC les solucionará sus problemas de iliquidez, falta de trabajo y medios para subsistir y mejorar su nivel de vida; otros, seguirán pensando que una nueva Constitución Política del Estado (CPE) no remediará las dificultades que en este momento atraviesan miles de bolivianos y menos, los aprietos que son propios del país y de su notoria inestabilidad.
Sin embargo, ahí está. La Constitutente ha sido instalada y el gobierno la presentó como el logro más importante de su gestión, cuando en los hechos, aquella, es fruto, entre otras cosas, del consenso de varias fuerzas políticas y de la sociedad civil que adoptaron el mecanismo de la reforma total de la CPE como el expediente más válido para hallar salida a los problemas de inestabilidad donde el MAS era un actor principal desde la oposición.
Como consecuencia de aquello, el Presidente Morales promulgó la Ley de Convocatoria a la AC y lo hizo al amparo de lo que establece la CPE en el entendido que tal convocatoria tiene la única finalidad de constituir legalmente al órgano reformador de dicha constitución.
Empero, el gobierno buscó, por todos los medios, tergiversar el carácter y esencia de la AC a efecto de hacerla originaria y fundacional cuando no lo es.
La Ley de Convocatoria, esto es, el marco jurídico que sirve para sustentar el accionar de la AC, establece con claridad una serie de aspectos que de ninguna manera pueden pasarse por alto, y que son antagónicos y contrarios a la forma originaria y fundacional que abrupta e ilegalmente ha sido impuesta por la mayoría de asambleístas del MAS.
En primer lugar, la AC tiene un mandato que un Poder Constituido como el Órgano Legislativo le confirió en el marco de lo que establece la CPE, esto es, proponer a través de su reforma total, un nuevo texto.
En segundo lugar, la AC tiene poderes ilimitados, restringidos al ámbito de la propuesta de una nueva CPE, pero sometida a que esa propuesta pueda o no ser aprobada por los bolivianos en un referéndum y a que la misma, --la propuesta - sea materializada en un plazo no mayor a un año. Por lo tanto, nada de plenipotenciario puede tener un cuerpo colegiado derivado, que está sometido a reglas impuestas por el Poder Constituido y que, por si fuera poco, carece de imperio para situarse por encima de aquellos, que son, el Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
No existe otra manera de mirar a la AC. Sin embargo, ésta, bajo la óptica gubernamental, debe ser originaria contraviniendo todo precepto jurídico sobre la materia y pese a que el propio Evo Morales promulgó la ley que la convoca determinando que es nomás derivada, es decir, un órgano al que se le asigna, deriva y manda proponer un nuevo texto constitucional.
Bajo estas consideraciones, el MAS, yendo contra todo principio constitucional e, incluso, contra el sentido común, ha aprobado el primer artículo del reglamento de debates que dentro la pirámide jurídica está por debajo de la ley, pero que ha asumido una conceptualización horrorosa hasta el extremo de colocar, sin temor alguno, a la AC por encima del Poder Constituido. Eso es grave, entiéndase de una buena vez, porque a los masistas, que tienen mayoría en ese cónclave y no los 2/3, mañana puede ocurrírseles declarar vacación judicial colectiva e indefinida hasta que la Constituyente defina qué hacer en esa materia e, incluso, cerrar la Cámara de Senadores que no la controlan, y establecer que hasta que se defina el tipo de estado y la nueva forma de gobierno, solo funcionará la de diputados, que sí la controlan.
Añoran una asamblea originaria cuando nada hay que fundar, con el fin de tomar control absoluto del Estado Boliviano y ejercer el poder al amparo del discurso recurrente de que fueron explotados 500 años y que siempre fueron escupidos y vilipendiados, aunque mi buen amigo Rolando Loayza Mariaca en tono de broma me diga que las únicas que escupen son las llamas y Chilavert cuando jugaba al fútbol.
Señores, la forma cómo desean destruir a la República pasa por descabezar a los Poderes Constituidos. El instrumento para ello es la Constituyente. Lo dije antes, allá los que votaron por el MAS y creen que estos actos responden a posturas legítimas y democráticas. Los que no lo hicimos, que somos el 58% de los ciudadanos habilitados para votar en la elección de julio pasado, creemos en el ejercicio del derecho a expresarse, asociarse, opinar, disentir y transitar con absoluta libertad. Por tal motivo, la AC no puede ni debe ser originaria, ni convertirse en un brazo operador del gobierno cuando se supone, más bien, que su accionar debe estar totalmente despolitizado a fin de hacer frente con piense y sabiduría, a los que desean prevalezca el poncho rojo y los fusiles.
Ojala la sociedad civil despierte de este letargo que puede ser fatal.
