Mar del Plata | Ap.- El documento final de la Cumbre de las Américas tendrá una mención a la reactivación del Área de

Libre Comercio de las Américas (ALCA), pero los detalles han trabado el avance hacia un texto que sea del agrado de los 34 gobiernos participantes, dijeron ayer funcionarios participantes en la redacción.

"Se está avanzando muy lentamente en los aspectos más sensibles, como el ALCA", dijo el embajador argentino Víctor Hugo Varsky.

Al igual que en la cumbre previa de Quebec, Canadá, Venezuela firmaría la declaración "con reserva" en el párrafo que contenga una mención al ALCA, dijo el canciller venezolano Alí Rodríguez.

"Los problemas que va a enfrentar este continente si llega a emprender ese camino va a ser de mayor pobreza, de mayor inestabilidad", afirmó Rodríguez.

El ALCA estará en principio en el capítulo relacionado al "Crecimiento con empleo" de la declaración de la cumbre, cuyo lema a propuesta de Argentina es "Crear trabajo para enfrentar la pobreza y fortalecer la gobernabilidad democrática".

Pero el contenido de ese párrafo, que sería muy breve, es el motivo de las mayores polémicas.

En las negociaciones, que se están realizando intensamente en un intento de concluir la declaración a tiempo para que los presidentes la firmen el sábado, "se agrega una frase, se quita otra", dijo Varsky.

Venezuela ha mencionado como alternativa el ALBA (Alianza Bolivariana para las Américas), un movimiento de integración que excluye a Estados Unidos.

México insiste en que se fijen fechas para una reunión ministerial, (propone junio de 2006) con el objetivo de reactivar el proceso de integración comercial, paralizado desde hace dos años.

Países como Brasil y Argentina tienen posturas intermedias.

Ambos, junto a los otros integrantes del Mercosur, acordaron tiempo atrás que cualquier negociación sobre el ALCA será en bloque y no por separado.

"No queremos matar el ALCA, pero queremos ver otras iniciativas", dijo Nunes Tobar, delegado brasileño.

Otro punto de discusión, aunque menos conflictivo, se relaciona con una propuesta para conceder derechos laborales a los inmigrantes. La traba está en una frase: otorgar dichos derechos "sin excepción" o "sin importar su condición inmigratoria".

La propuesta tiene en México a su principal promotor, y en Estados Unidos a su mayor opositor. Los dos países, pese a la insistencia del presidente mexicano Vicente Fox, no han podido sentarse a negociar un acuerdo para regularizar la presencia en el mercado laboral estadounidense de unos 8 millones de mexicanos indocumentados.