Santa Cruz El Deber.- La Organización Internacional del Trabajo (OIT) calcula que anualmente unas 40.000 personas en Bolivia son compradas, vendidas, transportadas, retenidas, llevadas a trabajar y a prostituirse contra su voluntad.
Según Rosario Baptista, consultora en Bolivia de la OIT, las finalidades de la trata y tráfico de niños, niñas, adolescentes y mujeres son la explotación laboral, la violencia sexual comercial, la compraventa de órganos e irregularidades en los procedimientos de adopción internacional.
En ese marco de violación de derechos, en Santa Cruz, la Defensoría del Niño, Niña y Adolescente señaló que junto a la Fiscalía -en lo que va de 2005- se cerraron 30 prostíbulos que tenían en situación de explotación a menores de edad.
"Algunas agencias de empleo son usadas para la captación y distribución de menores destinados a la explotación. Descubrimos in fraganti al dueño de una de estas agencias que reclutaba menores para mandarlas a prostituirse a Chapare. Fue denunciado ante el Ministerio Público y enviado a Palmasola. Un extranjero que dirigía un lenocinio en el Distrito 10 también fue procesado y se le dieron medidas sustitutivas", indicó María Rosa Valencia, responsable de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia.
Denunció además que hay grupos de personas que se dedican a reclutar menores en las provincias, especialmente en la Chiquitania y en la provincia Velasco, aprovechándose de la pobreza de esas zonas. "Las traen con la promesa de darles trabajo en Santa Cruz, las emplean en choperías, luego les dicen que les darán más dinero si hacen que los clientes consuman más, y finalmente son obligadas a prostituirse. Las chicas afirman que sus padres lo saben, pero eso no es cierto", explicó Valencia.
La titular de la Defensoría del Pueblo, Sonia Soto, lamentó que no existan estadísticas de este tipo de casos de explotación y que sólo haya acceso a esta información cuando alguna entidad particular realiza los estudios.
Toda esta situación provocó que la Organización Internacional para las Migraciones sitúe a Bolivia, en un estudio que concluyó en enero pasado, en el denominado "tercer nivel". Esa calificación implica que el país no tomó medidas y acciones de prevención, tratamiento y recuperación de las víctimas de trata y tráfico de personas.
Cifras y causas
Hay 1.453 menores entre 11 y 17 años en el eje troncal del país que son víctimas de explotación sexual comercial. De ellas, 755 son de Santa Cruz de la Sierra y 338 de Cochabamba. El resto de La Paz y El Alto, según una investigación de 2003 de la Fundación Servicios de Estudios Proyectos y Análisis, patrocinada por Unicef y la OIT.
La investigación señala que las causas del fenómeno son la carencia económica, desintegración familiar, falta de espacios de crecimiento humano, ausencia de reconocimiento y respeto a la niñez y la adolescencia, violencia, machismo y la ausencia de políticas sociales.
Los poderes Legislativo y Ejecutivo y organizaciones defensoras de los derechos humanos se reunieron el lunes pasado por iniciativa de la presidenta del Comité de Género del Senado Nacional, Alicia Muñoz, para aportar sus experiencias a la configuración del proyecto de ley que elabora el Viceministerio de Justicia para penalizar la trata de personas.
