La vulneración del ordenamiento jurídico tiene una larga lista de antecedentes históricos conformando una rémora que no por poco perceptible, deja de dañar seriamente la institucionalidad.

Hoy y mañana serán decisivos para la sostenibilidad o el cuestionamiento del decreto supremo por el cual el Presidente de la República dispuso la reasignación de escaños en la Cámara de Diputados y fijó el 18 de diciembre como nueva fecha para las elecciones generales y de prefectos, lo que a su vez significará el ingreso a un período de distensión en el país o de prolongación de la incertidumbre que, entre otras consecuencias negativas, provoca la paralización de la economía, problema éste en el que pocos son los que reparan con justificada inquietud.

Es de conocimiento general que el mandatario aguardó pacientemente el debate de la primer cuestión que durante casi cinco semanas concentró la atención de los representantes nacionales y las instituciones cívicas de las regiones, sin empero haber llegado a acuerdo alguno por el predominio de la intransigencia y los intereses creados. Más todavía, una llamada cumbre cívico-parlamentaria tampoco pudo entenderse a pesar de que la mayoría de sus participantes pareció inclinada a asumir una posición uniforme.

Dadas esas circunstancias, agravadas por el anuncio de la Corte Nacional Electoral en el sentido de que era imposible mantener la fecha inicialmente prevista para los comicios, el Presidente y su gabinete se jugaron una carta antes anunciada, por única y última vez y respaldándose en lo que llamaron interés superior y valor mayor, al mismo tiempo de revestir a su medida de gruesa coraza en previsión de acciones legales que pudieran emprenderse en su contra.

Como fuere, se ha producido una violación de la Constitución Política del Estado al no haberse dado curso ni a su previsión sobre el número de diputados por departamento, ni a la sentencia del Tribunal Constitucional que instó a que se procediera de ese modo, sin que eso le reste valor a la sólida argumentación jurídica y política presentada para justificar el decreto emitido en una situación de emergencia, ciertamente.

Al escribirse esta nota ayer, el Comité Pro Santa Cruz y la brigada parlamentaria del mismo distrito mantenían su rechazo a la salida dada al prolongado conflicto, sin saberse si los diputados acudirán o no al hemiciclo de la plaza Murillo este jueves, donde se espera la ratificación de la norma aludida u otro tipo de provisión.

Los principales actores de la contienda electoral, entretanto, no demoraron en respaldar la conducta del Presidente disponiéndose a continuar con sus campañas proselitistas a lo largo y ancho del territorio.

En este contexto, debe reconocerse que la vulneración del ordenamiento jurídico para zanjar las interminentes crisis que confronta el país, tiene una larga lista de antecedentes históricos, conformando una rémora que no por poco perceptible, deja de afectar seriamente la institucionalidad, algo que por lo que se ve en los hechos, el departamento de Santa Cruz quiere empezar a detener en ejercicio de su emergente liderazgo nacional.