La Paz | Agencias
El Gobierno aprobó en las últimas horas un decreto disponiendo la ampliación de la vigencia del artículo 4 del decreto de nacionalización de los hidrocarburos, hasta que los contratos suscritos con las empresas petroleras, el pasado 28 de octubre, sean aprobados por el Parlamento y registrados en la notaría respectiva.
El artículo 4 en su inciso I indica que "Durante el período de transición, para los campos cuya producción certificada promedio de gas natural del año 2005 haya sido superior a los 100 millones de pies cúbicos diarios, el valor de la producción se distribuirá de la siguiente forma: 82 por ciento para el Estado (18 por ciento de regalías y participaciones, 32 por ciento de Impuesto Directo a los Hidrocarburos IDH y 32 por ciento a través de una participación adicional para YPFB), y 18 por ciento para las compañías (que cubre costos de operación, amortización de inversiones y utilidades).
El Ejecutivo boliviano enviará al Congreso Nacional los nuevos convenios la próxima semana y aún después debe esperarse que sean registrados notarialmente para que adquieran la calidad de ley entre partes.
Como los trámites administrativos demorarán, pero las operaciones deben seguir inalterables, entonces el gobierno aumentó la modalidad de operaciones dentro del decreto 28701 de nacionalización.
El decreto impide que los contratos estén a la deriva, es decir que no se establezca con absoluta claridad bajo qué ley se guían una vez que el plazo para que las petroleras se adecúen a las reglas de la nacionalización vencía el sábado.
Cabe recordar que el Presidente de YPFB firmó contratos con el vicepresidente para América de la francesa Total, un ejecutivo de Vintage Petroleum Boliviana, sucursal de la estadounidense Occidental, ambos la noche del viernes 27.
También firmaron los ejecutivos en Bolivia de Matpetrol, Pluspetrol y de Petrobras Bolivia, en tanto que llegaron de las casas matrices representantes de British Gas, Repsol-YPF, Andina, Chaco y Petrobras Energía.
Estos contratos serán enviados en los próximos días al Poder Legislativo, pero "como de alguna manera tiene que desenvolverse el sector" -advierte el presidente de YPFB, Juan Carlos Ortiz,-- se dispuso la ampliación de esta norma, pues mientras no se aprueben los contratos y no estén registrados, los nuevos acuerdos no entran en vigor, según dijo la autoridad.
Más control con Anexo D
La Paz | ABI
Los nuevos contratos de operación suscritos por el Gobierno de Evo Morales con las 10 empresas petroleras, también tienen un "Anexo", pero con características totalmente inversas al famoso Anexo D de la capitalización, ya que ahora estará dirigido a evitar la prebenda y la corrupción.
"Hemos dado la vuelta la historia. Antes pagaban 18 por ciento ahora pagan el 82 por ciento. Nos daban migajas a través del Anexo D, ahora nosotros controlamos hasta lo que respiran", subrayó el asesor de YPFB, Manuel Morales Olivera.
El Anexo D servía para pagar viajes, servicios por parte de las empresas petroleras a funcionarios públicos y aún a periodistas, ahora sirve para todo lo contrario: establece mecanismos de control de YPFB de los gastos que realizan las empresas que explotan los 69 pozos petroleros.
YPFB controla hasta el mínimo centavo que gastan las petroleras, explicó Morales Olivera, pues antes las empresas pagaban viajes, servicios, viáticos, compraban fotocopiadoras y computadoras a cambio de silencio.
ANÁLISIS
El frente opositor Podemos advirtió que el Congreso puede modificar el contenido de los contratos petroleros, si considera que no son favorables para el Estado o rechazarlos si el Ejecutivo envía documentación incompleta.
El senador de esa agrupación política, Oscar Ortiz, dijo que los contratos deben ser aprobados en cámaras separadas, donde pesará la responsabilidad de cada partido a la hora de analizar los beneficios de los documentos suscritos por YPFB con las petroleras que se acogieron al decreto de la nacionalización.
Se pronunció por la necesidad de un debate y análisis a profundidad, una vez que los documentos lleguen al Congreso a partir del próximo lunes, tal como anunciaron voceros del Poder Ejecutivo y el Legislativo.
