Los desafíos del Poder Judicial

El Presidente de la República fue duro en sus críticas y no dejó pasar la ocasión para recordar los vicios que tanto daño le han hecho a éste órgano del Estado en el pasado.

Muy claro ha sido el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en su discurso de apertura del Año Judicial, al afirmar que la justicia boliviana se encuentra ante el desafío de incorporarse, de manera resuelta y comprometida, al proceso de cambios que vive el país.

Es seguramente ése el sello que marcará la labor judicial en los próximos meses: los cambios que, en el marco de las deliberaciones de la Asamblea Constituyente, deberán introducirse en la estructura institucional del Poder Judicial. El debate, desde luego, ya se ha abierto, con propuestas que van desde convertir a importantes reparticiones judiciales únicamente en salas de la Corte Suprema, hasta fortalecerlas a base de un replanteo de sus funciones.

Pero el verdadero objetivo de cualquier cambio en el sistema jurisdiccional estará centrado, con seguridad, en la manera de garantizar un funcionamiento totalmente independiente y transparente, en la necesidad de administrar justicia oportunamente en todo el territorio nacional, sin observar privilegios ni exclusiones de ninguna naturaleza y, por supuesto, en la urgencia de borrar los estigmas de la corrupción, la retardación o el "cuoteo" político.

En el estilo discursivo que lo caracteriza, el Presidente de la República, por su parte, fue duro en sus críticas al Poder Judicial y a los administradores de justicia, y no dejó pasar la ocasión para recordar los vicios que tanto daño le han hecho a este órgano del Estado en el pasado.

La justicia boliviana tiene, pues, múltiples y muy complejos retos que no se limitan a un problema meramente administrativo, y como prueba de ello basta recordar que el servicio de justicia en Bolivia llega apenas a una tercera parte de los municipios en un país que como el nuestro es municipalizado.

No puede desconocerse, sin embargo, que en los últimos años la justicia boliviana ha dado saltos importantes con el objetivo final de profundizar su proceso de reformas y modernización. Es precisamente en ese devenir que se inscribe la creación y consolidación de instancias como el Tribunal Constitucional, el Tribunal Agrario o el Consejo de la Judicatura, así como las propuestas de establecer una "justicia para todos" ingresando en el terreno de la denominada justicia comunitaria.

Pero todas las transformaciones que vayan a operarse en el Poder Judicial sólo serán posibles en la medida en que exista una voluntad sincera para que tengan como beneficiario supremo al conjunto de la población y no a intereses circunstanciales de grupos políticos o de poder.

Sería deseable, por ejemplo, que el Legislativo tenga la altura y capacidad suficientes para llenar todas las acefalías actualmente existentes en la Corte Suprema de Justicia, en el Tribunal Constitucional y el Ministerio Público, respetando los procesos de calificación de postulantes previstos por la propia ley.

No es desde ningún punto de vista deseable que los interinatos en el Poder Judicial, previstos por la Constitución Política del Estado sólo para casos excepcionales, estén por convertirse en un recurso ya habitual al que acuden los gobiernos de turno precisamente para llenar los vacíos dejados por el Congreso nacional.