El anuncio, seguido de la respectiva aprobación parlamentaria, de que Venezuela construirá un puerto en Quijarro, sobre el río Paraguay en la
frontera con Brasil, y un fuerte militar en la localidad beniana de Riberalta, atendiendo en ambos casos a un acuerdo con Bolivia, ha provocado injustificada susceptibilidad en esferas del gobierno paraguayo, cuyo Ministerio de Relaciones Exteriores emitió inclusive un comunicado para referirse al tema.
Al parecer, se cree en el vecino país que Bolivia alienta afanes armamentistas para protagonizar una revancha en el Chaco; idea que --de paso sea dicho--, se transmite allí de generación en generación tras la guerra que enfrentó a las dos naciones, causa a su vez de que aun vivan dándose las espaldas sin embargo de su proximidad.
Que se sepa, nadie en nuestra desventurada República piensa en ello y no sólo por las estrecheces económicas que le son características sino, principalmente, por la vocación pacifista de su pueblo.
De ahí que sería oportuno que la actual administración aclare el contenido del convenio con su par venezolana, uno más entre otros anteriores lindantes ya en la injerencia desembozada, de forma tal que se conozcan, para dominio interno y exterior, sus condiciones y alcances.
Ello, al margen de que ratifique con las autoridades de Asunción y por los conductos diplomáticos más adecuados, la plena presencia de Bolivia en las riberas del río Paraguay y el derecho que tiene de utilizar su curso hasta el delta del Plata, según lo estipulado a tiempo de concluirse la conflagración chaqueña.
Sólo así se irá hacia la buena vecindad y la integración paraguayo-boliviana.
