Si el desarrollo de la Constituyente continúa como hasta hoy, emulando hasta las peores prácticas de la tantas veces criticada labor parlamentaria, lo más probable es que profundice la polarización y las amenazas de división del país, si es que no fracasa antes.
Desde el momento mismo en que en Bolivia surgieron los primeros movimientos afines al régimen chavista de Venezuela, enarbolando la propuesta de convocatoria a una Asamblea Constituyente, habíamos dicho en este mismo espacio editorial que la misma podría abrir una verdadera "Caja de Pandora", de imprevisibles consecuencias para el país.
Poco tiempo después, como consecuencia de los luctuosos hechos de octubre 2003, que marcaron el desmoronamiento del sistema tradicional de partidos políticos y del modelo de la democracia pactada, el pedido de una Asamblea Constituyente cobró legitimidad social. La necesidad de introducir cambios en la estructura institucional del Estado se hizo tan evidente como incuestionable.
Lamentablemente, la Asamblea Constituyente no parece haber sido concebida como el órgano institucional, social e intelectual conformado por decisión soberana del pueblo con el único propósito de reformar total o parcialmente el texto constitucional. Más al contrario, todo apunta a que la concepción de la Asamblea en curso no es otra más que la de un instrumento del esquema gobernante para afianzarse en el poder en el marco de su propio proyecto político.
Es precisamente esa visión de Asamblea Constituyente, sumada al propósito de reconocer en ella poderes absolutos por encima de los poderes públicos constituidos, la que ha entrabado la aprobación de un reglamento interno que le permita iniciar el trabajo para el cual ha sido convocada.
Los acontecimientos de los últimos días han puesto en evidencia que una mayoría de los asambleístas está subordinada a las instrucciones partidarias de las agrupaciones a las que pertenecen antes que a sus propias convicciones y al electorado que les encomendó esas altas funciones.
Está visto que si el desarrollo de la Constituyente continúa como hasta hoy, emulando hasta las peores prácticas de la tantas veces criticada labor parlamentaria, lo más probable es que profundice la polarización y las amenazas de división del país, si es que no fracasa antes.
Urge, pues, que el conjunto de los integrantes de la Constituyente asimilen la responsabilidad que tienen entre manos de cara a la historia. Bolivia requiere una Constitución que garantice la convivencia pacífica de todos quienes habitan en el territorio nacional, independientemente de cuál sea su origen cultural, condición económica o clase social.
Después de más de un siglo y medio de existencia republicana y luego de dos décadas del agotamiento del modelo militarista en el país, el país se encuentra transitando por un camino democrático que todavía es imperfecto e inseguro pero que, dadas las coordenadas internacionales y considerando que este es un fenómeno global que no hace exclusión de espacios, es consistente e irrevocable.
Pretender que esa marcha se interrumpa y que la historia en vez de avanzar retroceda como consecuencia del mal uso que se ha hecho de las libertades públicas consagradas por la Constitución, es sencillamente una locura.
