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Cochabamba - Bolivia Jueves, 5 de enero de 2006

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CONSECUENCIAS | Advierten que los avasallamientos y las construcciones evitan que el agua fluya poniendo en riesgo la dotación

Cota 2.750: identifican más de 50 asentamientos ilegales

Por:David Ovando

Un estudio encargado por la Prefectura de Cochabamba reveló que existen más de 50 asentamientos ilegales sobre la franja de la cota 2.750 en el Parque Nacional Tunari y advierte graves consecuencias en el abastecimiento de agua en los bolsones acuíferos de la zona.

El jefe de la Unidad de Alerta Temprana del ejecutivo prefectural, José Valdez, refiriéndose a la investigación, dijo que el 90 por ciento de los asentamientos está ubicado en la jurisdicción de los municipios de Cercado, Tiquipaya y Sacaba.

"Estamos muy preocupados por este problema que en realidad es una bomba de tiempo para Cochabamba", dijo el funcionario de la Prefectura.

Valdez agregó que los avasallamientos y las construcciones de viviendas ilegales en la zona están impermeabilizando el suelo, lo que evita que el agua filtre poniendo en riesgo la dotación del líquido a varias zonas del valle.

El estudio, que fue impulsado por la Prefectura, identificó los asentamientos ilegales en seis municipios que tienen presencia cercana a la franja: Sacaba, Cercado, Tiquipaya, Vinto, Quillacollo y Sipe Sipe.

"En coordinación con esas alcaldías y la cooperación de la Universidad Mayor de San Simón hemos levantado un sistema de información con todas las personas que están asentadas en la zona. Posteriormente, se pidió que los asentados presenten sus documentos de propiedad, pero muchas personas no tienen nada o fueron estafadas por loteadores como el caso de Villa el Porvenir", añadió Valdez.

En ese marco, la Unidad de Alerta Temprana propone que la primera acción debe ser identificar a los loteadores e iniciar un proceso en su contra a través de la Fiscalía para conseguir la devolución del dinero entregado por mucha gente y una sanción tal como establece la ley.

Dos casos

Valdez identificó al problema en la zona de Villa El Porvenir como uno de los asentamientos más polémicos.

Se tienen referencias de que Iván Miranda, líder de la organización Asociación de Desamparados (ADES), presidió la venta ilegal de terrenos a más 400 personas. Pese a que ya se lo desalojó de la zona junto a sus seguidores se conoce oficialmente que en el lugar existe aún una veintena de construcciones precarias.

Vecinos de la OTB de Amancayas, zona ubicada en Puntiti (Sacaba), denunciaron el "loteamiento" de terrenos del Parque Tunari, encima de la franja de la Cota 2.750. En una carta, dirigida al Prefecto del departamento, expresaron su malestar y criticaron a las autoridades de no hacer nada por estos hechos irregulares que son aprovechados por "loteadores profesionales". Dijeron que un grupo de personas, que afirmaron ser propietarios de los terrenos, se dividió los lotes de la zona afectando las áreas verdes de las urbanizaciones de Amancayas, Kami, Bella Vista y la comunidad de Pucara.

PROTECCIÓN JURIDÍCA DE LA ZONA

Aunque existe protección jurídica en el área, es difícil que ésta sea respetada y los asentamientos cunden.

El artículo 20, inciso c de la Ley 1333, textualmente señala: se consideran actividades y/o factores susceptibles de degradar el medio ambiente cuando se invada los límites permisibles a establecerse en reglamentación expresa.

Entre estas actividades están las que alteran el patrimonio cultural el paisaje y los bienes colectivos o individuales, protegidos por ley.

En el caso de la identificación de más de 50 asentamientos ilegales sobre la cota 2.750, la Ley del Parque Nacional Tunari en concordancia con la Ley del Medio Ambiente, protege la zona y la considera como reserva forestal.

El artículo 106 de la Ley 1333 dice que comete delito contra el medio ambiente, quien infringe el artículo 223 del Código Penal, cuando destruya, deteriore, sustraiga o exporte bienes pertenecientes al dominio público, fuente de riqueza, monumentos u objetos del patrimonio arqueológico histórico o artístico nacional.

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