El acto inaugural del año judicial no pudo ser más propicio para el arranque de un proceso de optimización de la administración de la justicia.

El acto inaugural del año judicial en las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia fue escenario para que el titular interino del máximo tribunal pidiera al gobierno próximo a asumir el mando de la nación comprensión y respeto a la independencia de los poderes del Estado, que por su parte el Vicepresidente electo ofreció de manera expresa al manifestar que la nueva administración tiene la intención de romper cualquier tipo de influencia política en el sistema jurisdiccional.

Más aun, el Presidente de la República hizo suya la ocasión para instar a la recuperación de la crítica y la autocrítica en el seno de la judicatura, de modo tal de darle más eficiencia a sus servicios, aparte de preguntarse si en realidad la administración de la justicia es pública, gratuita y universalmente accesible, como lo establece la ley, y admitir que transcurridos cinco años de la aplicación del Código de Procedimiento Penal, la expectativa de reducir la resolución de casos, no se traduce en números.

Por su lado, cada una de las cortes de distrito procedió igualmente a dar inicio a la presente gestión de los tribunales, oportunidad en la cual los magistrados evaluaron la pasada no sin dejar de reconocer sus falencias, ni demandar mejores condiciones en materia tanto de incremento de personal, cuanto de presupuesto.

La apertura de las labores judiciales cobró pues este año particular trascendencia en virtud de que precedió en escasos días a la instalación del gobierno emergente de las elecciones de diciembre de 2005, que se propone introducir serie de cambios en el manejo del conjunto del aparato estatal.

En este contexto, el criterio del Vicepresidente entrante, en el sentido de que una autonomía absoluta en cuanto a nombramiento de autoridades, elección de jueces y de magistrados supremos, sería un gran paso, dejó traslucir la voluntad de alejar al Poder Judicial de las prácticas tradicionales relativas al juego de los intereses político-partidarios en su conformación y funcionamiento, en perjuicio de los intereses de la población litigante.

Si a ello se suma la invocación del primer mandatario transitorio --cuyo retorno a la presidencia de la Corte Suprema es esperada por el país sin embargo de la ociosa discusión que se ha generado a propósito, al extremo de llevarla ante el Tribunal Constitucional--, acerca de la necesidad del sistema de examinarse a sí mismo y adoptar una actitud de "humanidad" y "calidad", el acontecimiento comentado no pudo ser más propicio para el arranque de un proceso de optimización de las actividades del órgano judicial, paralelo a las transformaciones que en el resto del andamiaje fiscal implantarán quienes se aprestan a conducir la suerte de la República el 22 del mes en curso.