Prerrogativa incólume

Muy a tiempo el Presidente de la República y estrechos colaboradores suyos dieron por sentado que la reunión de evaluación que el Movimiento al Socialismo y sus afines realizan desde ayer en esta ciudad, no determinará cambios en el gabinete ministerial, desvirtuando así versiones que circularon con insistencia los pasados días.

La designación o remoción de esos funcionarios de Estado es facultad privativa del primer mandatario por disposición constitucional, y un precedente funesto se habría establecido si se la transfería a un acto de carácter popular, considerando que este tipo de eventos siempre se presta al juego de intereses sectarios y hasta personales, por más uniformidad de criterios y posiciones que quiera mostrar ante la opinión pública.

En este sentido, las versiones referidas, que inclusive daban nombres de supuestos dignatarios rechazados y apoyados por los llamados movimientos sociales, bien pudieron haber provenido de esos intereses en pugna con la finalidad de paralogizar, sacar ventaja y finalmente encaramar a sus mandamases en el Palacio de Gobierno.

Que un partido político organizado sugiriese al Presidente nombres de figuras aptas para desempeñarse en alguna cartera fue usual en la vida institucional del país, donde en cambio nunca se dio el caso de que entidades difusas como son los movimientos sociales --en los hechos no pasan de constituir grupos de poder en uso y abuso de cierta capacidad de convocatoria-- pretendieran arrogarse prerrogativas ajenas.