Amnistía evalúa DDHH en Bolivia y habla de impunidad

La Paz | AP y Agencias

La misión de Amnistía Internacional (AI), que se encuentra investigando la situación de los derechos humanos en Bolivia, expresó su preocupación sobre la inacción de la justicia para investigar los enfrentamientos del pasado 11 de enero, que han dejado tres muertos y centenares de heridos.

La misión internacional, compuesta por Virginia Shopee y Esteban Beltrán, ha señalado que se entrevistará esta semana con el vicepresidente de la República, Álvaro García Linera, y otras autoridades para manifestarles su preocupación por los pocos avances en el proceso de investigación sobre los hechos del pasado 11 de enero.

"No hubo investigación o lo que se hizo no llegó a ninguna conclusión y en la medida en que no se investigue puede dar la impresión de que se puede actuar con impunidad", dijo Beltrán.

El 11 de enero, tres personas perdieron la vida y más de 100 fueron heridas durante una batalla campal con palos y piedras entre sindicatos campesinos afines a Morales Aima y grupos de jóvenes y vecinos de la ciudad en defensa de la institucionalidad democrática.

"Hubo un momento de mucha tensión que ninguna autoridad, ni ninguna organización civil hizo nada para resolver. Esas tres muertes pudieron evitarse", dijo Shopee.

En otro caso, a mediados de diciembre, una ola de violencia entre partidarios y opositores del presidente Morales Aima dejó decenas de heridos y sedes indígenas quemadas en Santa Cruz.

"Todavía tenemos que analizar las responsabilidades de unos y otros, pero nos preocupa que la justicia no se haya movido como tiene que hacerlo: investigación inmediata, imparcial y con resultados públicos porque eso da seguridad a la ciudadanía", agregó.

Beltrán señaló que preocupa más que algunas autoridades regionales -en alusión a Santa Cruz- piensen "que no es cosa suya".

La organización que tiene sede en Londres emitirá un informe en mayo sobre la situación de los derechos humanos bajo el Gobierno de Morales Aima.

"Hay motivos de preocupación y de esperanza (sobre la gestión de Morales) y buscamos que las cosas no se deterioren", sostuvo Beltrán en referencia a la marcada polarización política que ha provocado mayores divisiones en este país.

Shopee destacó la reciente decisión de Morales Aima de permitir la creación de una oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en el país. "Es una señal importante, sólo hay cuatro oficinas en Latinoamérica", dijo.

Antecedentes

La organización internacional sobre derechos humanos, que se reunió el pasado 26 de febrero con el Prefecto de Cochabamba, expresó su preocupación porque no existe un acercamiento para mejorar las relaciones de los sectores, que se enfrentaron el pasado 11 de enero.

En aquella oportunidad, la delegación internacional señaló que "no existe una política de pacificación y búsqueda de un acercamiento entre los sectores enfrentados para la mejora las relaciones".

Según Amnistía Internacional existió responsabilidad de autoridades departamentales, dirigentes y del Gobierno, lo que desencadenó, según ellos, en el violento enfrentamiento del 11 de enero.

Procesos pendientes

La demanda penal, que inició el diputado de Unidad Nacional (UN) Arturo Murillo, contra los senadores Omar Fernández, Leonilda Zurita (MAS) y la actual ministra de Justicia, Celima Torrico, a quienes acusa de ser responsables de los enfrentamientos en Cochabamba, no ha mostrado avances significativos.

En replica a esta medida, Fernández también presentó una demanda contra Murillo, a quien acusó de ser uno de los responsables de los enfrentamientos.

El pasado 26 de febrero, después de una reunión de más de una hora entre las autoridades del Gobierno Departamental y Amnistía Internacional, Reyes Villa ratificó sus denuncias contra el Gobierno de Evo Morales Aima, a quien acusó de "atentado a la democracia, desestabilización y desconocimiento de las autoridades legítimamente constituidas, la quema de la Prefectura y participación en actos de violencia e instigación".