La anulación del artículo 55 del decreto 21060 y el incremento del salario mínimo nacional han sido de beneplácito de los trabajadores en general, por cuanto en adelante no podrán ser despedidos sin causa justificada y percibirán un monto adicional en sus ingresos mensuales.
Ello no impide, sin embargo, que dirigentes de la clase laboral insistan en la abrogación de aquel decreto en su integridad y en una mayor cuantía salarial, basándose en ofertas que el presidente Evo Morales no ha podido cumplir y a sabiendas, en lo que a los sueldos se refiere, de que el déficit fiscal será de 270 millones de dólares la presente gestión.
El gobierno, por su parte, ha asegurado que el incremento del mínimo no afectará a la macroeconomía y que más bien la nacionalización de los hidrocarburos permitirá nuevos ajustes en los siguientes años, haciendo notar que el dispuesto, de 13.63 por ciento, es significativo y se produce después de tres en que no hubo variación, mientras que la parte patronal teme el inicio de un proceso de informalidad del trabajo en el país.
En este contexto, cabe esperar que el remedio no resulte peor que la enfermedad y que los asalariados se ajusten a la realidad sin prestar oídos a sus dirigentes, prestos a desencadenar conflictos casi siempre en resguardo de sus intereses particulares y de cofradía por encima de los de sus bases o representados.
