La Paz | La Prensa
El ministro de Hidrocarburos, Carlos Villegas, logró consolidar la pasada semana la nacionalización del gas y el petróleo con la firma de contratos con diez petroleras, 43 días después de que asumiera el cargo. Ahora su reto es promover reformas para que el Estado pueda administrar más ingresos por los hidrocarburos antes de que las regiones tengan el monopolio.
- Por el negocio del gas, Bolivia habrá recibido 67.000 millones de dólares al final de los 30 años de contrato con las empresas. ¿En qué proyectos concretos se va a utilizar este dinero para que vayan al desarrollo?
- Primero, hay una Ley de Hidrocarburos que distribuye el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) en proporciones mayores a las prefecturas, municipios, universidades, y en un porcentaje muy pequeño al Tesoro General de la Nación.
Entonces, para asegurar que esa cantidad de dinero tenga el mejor uso creo que es necesario establecer que estamos ingresando en una fase en la que requerimos redefinir normas al nivel del Estado nacional para que se puedan generar mecanismos de fiscalización y seguimiento, para que todas las instancias del Estado boliviano puedan realizar inversiones óptimas, con resultados favorables. Eso es por una parte.
Por otro lado, es muy importante la participación de las prefecturas, pero también hay que señalar que éstas tienen una visión departamental. El único que tiene una visión nacional es el Gobierno central, porque tiene obligaciones y responsabilidades de solucionar los problemas productivos, como el empleo.
Por esa razón, sería conveniente, a través de un acuerdo, un consenso nacional, destinar una proporción de esos ingresos en favor del Tesoro General de la Nación, y sea el Gobierno el responsable de destinar esos recursos exclusivamente para cambiar el perfil productivo, para generar empleo y coadyuvar al mejoramiento de las condiciones de vida de la población.
Repito, esto tendría que ser producto de un acuerdo y de un consenso nacional.
- Bolivia va a vivir una época de bonanza. ¿Qué se va a hacer para que esa plata no vaya al gasto corriente, como ocurrió con el primer contrato de gas con Argentina, que incluso financió las dictaduras?
- Control sobre prefecturas, municipios. Debe haber un control social y, por otro lado, un acuerdo nacional, para que una parte de esos recursos vaya al Gobierno central y se destinen para producción, empleo y mejoramiento de las condiciones de vida de los ciudadanos.
-¿Qué mecanismos de fiscalización se van a aplicar?
- Hay necesidad ahora de hacer un cambio en las normas que regulan el funcionamiento de los gobiernos nacional, central, municipal y prefectural. Por el momento, la normativa actual es compatible con la visión de un Estado pequeño y reducido, que no hacía absolutamente nada. Ahora, como vamos a tener un Estado fuerte, con presencia en la generación de ingresos, es necesario que estas normas cambien, y ése es el reto que se tiene que salvar en este Gobierno, en la Asamblea Constituyente.
Creo que hay las instancias correspondientes para que los bolivianos aseguremos el mejor destino para estos recursos.
- ¿Cuando hablamos de normas nos referimos a la Ley de Hidrocarburos, la de Descentralización...? -
- Ley de Descentralización, Ley de Hidrocarburos, Ley Safco, Ley de Contrataciones, normas de fiscalización, de seguimiento.
- Pero cambiar esas leyes va a tomar tiempo, ¿hasta entonces cómo se van a controlar los fondos que manejen las prefecturas?
- Por el momento, sólo se puede fiscalizar como se lo está haciendo, vía inversión pública. Lo importante es que tenemos la Asamblea Constituyente, y tiene que ver estos aspectos como necesidad nacional. Creo que es la instancia donde se tienen que tomar las decisiones, porque hay que considerar que a partir de 2010 empieza la bonanza. Creo que hasta entonces el espacio y la instancia correspondiente es la Constituyente.
- Por ejemplo, este año Tarija recibirá cerca de 200 millones de dólares por la venta de gas; Pando y Beni también reciben sumas elevadas, pero no se ven proyectos...
- Pero en las circunstancias actuales el Gobierno central puede hacer muy poco al respecto. Lamentablemente, no podemos ni siquiera controlar, sólo hacer seguimiento de los gastos que realizan a través de la inversión pública. No se puede hacer nada más porque en los municipios hay autonomía y ahora en los departamentos hay prefectos electos, que creo que está muy bien.
Pero, más adelante, las prefecturas van a tener autonomía y creo que son pasos importantes para el país. Pero la autonomía no debe significar que el Gobierno central no tenga la posibilidad de hacer seguimiento, control, coadyuvar a las diferentes instancias para que existan inversiones, para que se ejecuten y no haya estocamiento de liquidez, como ocurre en algunas regiones.
- ¿Pero cuando las regiones sean autónomas va a ser difícil lograr una redistribución de los recursos del gas?
- Sí, por eso es importante que esa redistribución se dé antes de que sean autónomas, y que el cambio sea producto de un consenso nacional. Va a ser muy difícil buscar otro tipo de mecanismos que no sean los acuerdos nacionales. Y una instancia donde puede lograrse es la Asamblea Constituyente. Allí hay que analizar con cuidado que esos recursos se inviertan de la mejor forma posible.
La mejor manera es que cambiemos el aparato productivo, generemos empleo y mejoremos las condiciones de vida de los bolivianos.
Si no hacemos esto, la nacionalización queda trunca. La nacionalización es un medio, no es el objetivo en sí y para sí. La nacionalización es un medio para tener recursos que beneficien a los bolivianos en su economía, en la generación de empleo y en el mejoramiento de las condiciones de vida de los bolivianos. Si no logramos eso, vamos a repetir las otras nacionalizaciones. Y son truncas, fallidas, y creo que ahora todos los bolivianos tenemos la obligación de cerrar positivamente la nacionalización de los hidrocarburos.
- ¿El Gobierno ha calculado cuánto requiere de la renta petrolera para cumplir con los proyectos de desarrollo?
- No. Queremos entrar a un proceso de acuerdos, que todos puedan decir: excelente, hay que darle. En su momento haremos conocer una propuesta de cuánto quisiéramos para los porcentajes de participación del Tesoro. Como es un acuerdo, será lo que se decida entre todos.
- El Poder Ejecutivo tiene algunos planes concretos para destinar la plata de los hidrocarburos, el bono Juancito Pinto y la ampliación del SUMI son dos de sus grandes proyectos...
- Pero el SUMI va a ser con recursos de las prefecturas. Porque el bono Juancito va a ser una parte de la renta petrolera, pero no podemos permanentemente usar esos fondos, porque el objetivo de ese dinero es el potenciamiento de YPFB.
No podemos entrar en la disyuntiva de potenciar la petrolera o de solucionar los problemas sociales. El bono Juancito Pinto creo que es la mejor decisión que hemos tomado porque plasma la nacionalización. Es un mensaje que queremos dar a la población de que los recursos de la estatización tienen que beneficiar a los sectores más pobres del país.
No vamos a entrar en la disyuntiva de potenciar o no YPFB.
Todos los recursos son para YPFB. Porque además, pensando en el mediano plazo, a Bolivia le conviene potenciar la petrolera, porque más adelante va a haber fondos que van a favorecer al Estado boliviano con nuevas actividades que va a realizar.
- Para infraestructura, caminos, ¿qué proyectos concretos hay?
- Bueno, tenemos a través del Servicio Nacional de Caminos. Nuestra propuesta de Gobierno es terminar con una cantidad importante de kilómetros pavimentados en Bolivia.
Hay varios proyectos, y esos van a venir no de recursos frescos del Tesoro, sino de créditos externos que el Estado tendrá que ir pagando en el tiempo.
Inclusive para el caso de caminos sería importante entrar a un proceso de reconsideración, de tal manera de fijar normas. Por ejemplo, hoy en día el Tesoro General de la Nación paga el 70 por ciento del valor total y las prefecturas el 30 por ciento. Yo creo que esto es desconsiderado con el Tesoro. Tendríamos que trabajar en el Congreso Nacional o en la Asamblea Constituyente para revertir esta situación, porque las prefecturas son las que tienen más recursos que el Tesoro.
De tal manera que las prefecturas tendrían que asumir el 70 por ciento de los costos de las carreteras, y el Tesoro el 30 por ciento.
Entonces, son todas esas cosas que ameritan, que exigen tener visiones diferentes en la normatividad. Esa disposición del 70/30 se justificaba desde todo punto de vista cuando el Tesoro tenía más plata que las prefecturas. En cambio ahora estamos viviendo un panorama inverso, son nuevas condiciones. Lo que tenemos que hacer es aplicar la normatividad actual a las nuevas condiciones del país.
Por eso digo que existe la necesidad de hacer cambios a las normativas.
- ¿Parte de la renta petrolera será destinada a potenciar el Plan Nacional de Desarrollo que hasta ahora no arranca con proyectos concretos?
- Ahora uno puede darse cuenta por qué el Plan de Desarrollo no puede avanzar, porque no cuenta con recursos autónomos, propios.
El Plan va a empezar a funcionar una vez que se lleve a cabo el Grupo Consultivo, que va a ser parte de todo un proceso de financiamiento para la concreción de varios proyectos.
Por ejemplo, el proyecto Juancito Pinto es parte del Plan Nacional, que lo llamamos "Familias en Acción", pero en este caso vimos por conveniente llamarlo Juancito porque la gente capta mejor el mensaje que queremos dar a través del uso de los recursos.
- ¿Entonces, parte de la plata del gas va a ser destinada al Plan?
- Claro, es una parte. La mayor parte tiene que ir al potenciamiento de YPFB.
- ¿Cuándo va a arrancar YPFB y su nueva estructura?
- Es un monto variado. Depende de la situación de producción y de la inversión de las empresas.
Dinero del IDH se queda sin inversión
Los millonarios recursos del gas pasaron a llenar las frías bóvedas de los bancos. Las prefecturas y municipios tienen más de 2.500 millones de bolivianos provenientes de la distribución del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) depositados en cuentas bancarias sin ningún movimiento financiero.
El IDH es un tributo adicional de 32 por ciento sobre la producción total fiscalizada de las empresas petroleras y se encuentra vigente desde mayo de 2005 tras la promulgación de la Ley 3058 de Hidrocarburos.
Hasta septiembre de este año, los gobiernos regionales recibieron 1.833 millones de bolivianos por el tributo, pero alrededor de 1.210 millones permanecen depositados, según datos de la Unidad de Análisis de Políticas Económicas y Sociales (Udape).
Las alcaldías, por su parte, tuvieron un ingreso de 846 millones de bolivianos por ese concepto, pero en sus cuentas están 1.130 millones de bolivianos sin ningún movimiento bancario.
