Dudoso es que los tres organismos del Estado puedan compartir un plan o programa carente de una pieza fundamental

Es ponderable el llamado del Ejecutivo a compartir con los dos otros órganos del Estado la agenda anunciada por el Presidente de la República el pasado jueves, al posesionar a su tercer gabinete de ministros; es decir, la aprobación de la Ley de Hidrocarburos, la elección de prefectos, las autonomías regionales y la Asamblea Constituyente, de manera de construir una nueva Bolivia, en lo que da evidente señal de propósito y voluntad de transformar los fundamentos en que reposa la institucionalidad del país, al estilo de lo hecho en anteriores épocas por el Mariscal Andrés de Santa Cruz, como que se está exhibiendo ya en oficinas públicas la imagen del prócer junto a la del Primer Mandatario, luego del gradual y sistemático retiro de las correspondientes a los libertadores Simón Bolívar y Antonio José de Sucre.

Otra cosa es que la convocatoria se concrete o no en los hechos, sobre todo tratándose del parlamento, donde la variedad de ideologías y los objetivos que estas persiguen, suelen imposibilitar la adopción de causas comunes, además de dificultar las labores de sus contrapartes.

n este contexto, de por sí no encaja el abandono que hace el Ejecutivo del problema económico de la nación, sumida en severa crisis desde fines de 1998 y con incidencia directa en lo social, para darle en cambio preeminencia a lo político, por más de que la definición de la suerte de los hidrocarburos tienda a significar un importante elemento para la lucha contra la pobreza.

Y es que nadie, salvo un constructor de castillos en el aire, puede garantizar el éxito de la transformación de las estructuras políticas si éstas no cuentan con una base económica sólida, competitiva y sostenible en el mundo globalizado que nos toca vivir, por lo que sin ir más lejos y a manera de ejemplo, resulta un contrasentido que haya recursos para organizar la elección de prefectos -- como los tendrá que haber para las autonomías y la Constituyente--, y no para cubrir las perentorias necesidades del Ministerio Público o abrir cuando menos perspectivas de creación en el mediano plazo de empleo para el sustento de las familias bolivianas.

Al respecto, el gobierno sólo se ha referido al "viraje" de la economía de mercado hacia la economía mixta, que se traduzca en el retorno a una mayor intervención del Estado en el ámbito económico y financiero, planteamiento que como novedad será llevado a las entidades multilaterales de financiamiento y a la comunidad internacional, sin empero poder vislumbrarse la acogida que merezca en momentos en que unas y otra, que en la realidad cotidiana permiten nuestra supervivencia, están embarcadas en diferente tren.

Dudoso es pues que los tres organismos del Estado puedan compartir un plan o programa carente de una pieza fundamental, como lo ha adelantado el titular de la Cámara de Diputados a tiempo de señalar que el país no sólo vive de discursos, elecciones, constituyentes o autonomías, sino que debe encaminarse a dar de comer a su población y proporcionarle una fuente rentable de ocupación.