Nada justifica la vigencia de los llamados "decretos recaudadores" por los cuales la Policía Nacional deriva parte de sus ingresos al gremio del autotransporte, menos aún la afirmación del ejecutivo del sector en el sentido de que hay una "mano negra" detrás de las revelaciones a propósito del tema.

Se trata, como es de dominio público, del traspaso de fondos que percibe la institución uniformada por la venta de rosetas de inspección técnica de vehículos en general, así como de hojas de ruta y certificados médicos para la adquisición de licencias de conductor, en favor de la Confederación de Choferes de Bolivia, rubro que llegó a más de tres millones de bolivianos la pasada gestión, supuestamente con destino al funcionamiento de cajas de salud en beneficio de sus agremiados, todo en virtud de decretos aprobados en septiembre de 1998 y enero de 2002.

En el fondo la operación no es otra cosa que la transferencia de fondos públicos a cuentas privadas, al margen de cualquier fiscalización de parte del Estado, extremo que daría lugar a la inmediata anulación de aquellas disposiciones.

Sin embargo, la tendencia de las actuales autoridades parece ser que la Ley de Transportes en gestación resuelva el embrollo, no se sabe cuándo, para evitarse nuevos conflictos.

El transporte, como todo otro negocio privado, debe desenvolverse en ese marco, al margen de privilegios fiscales logrados casi siempre por procedimientos vedados.