Entre las 10:00 y las 14:00 de ayer, los ejecutivos, trabajadores y dirigentes del Lloyd Aéreo Boliviano (LAB) prestaron declaraciones informativas ante una comisión de la Fiscalía del Distrito de La Paz, que llegó a Cochabamba para investigar y establecer responsabilidades sobre los hechos sucedidos entre el 2 y 3 de febrero pasado emergentes de la vacación colectiva dispuesta por el entonces Presidente del Directorio Ernesto Asbún, actualmente prófugo de la justicia.
A consecuencia de esos hechos, el Gobierno inició en febrero pasado ante la Fiscalía del Distrito de La paz un proceso judicial contra Arbún, por los delitos de conducta antieconómica, daño calificado y atentado contra la seguridad de los medios de transporte, inicialmente y por defraudación de impuestos, incumplimiento de obligaciones al seguro social de corto y largo plazo, posteriormente. La anterior semana la Fiscalía amplió el juicio que se sigue a Asbún, al Gerente General y al Jefe de División y Administración de la empresa, a quienes se acusa de complicidad.
Los comisionados de la Fiscalía de La Paz, se abstuvieron de emitir criterios sobre el curso de las investigaciones y se limitaron a tomar declaraciones informativas reservada, en la sala de reuniones de la presidencia a los ejecutivos, gerentes de área, trabajadores y dirigentes sindicales del LAB.
Tras concluir la recepción de declaraciones informativas, la comisión de la Fiscalía de La Paz inspeccionó todas las instalaciones de la Empresa, desde los ambientes administrativos y talleres de la compañía, hasta las secciones de mantenimiento y abastecimiento, en procura de establecer daños económicos y físicos, indicó Gustavo Viscarra, secretario de relaciones de la Federación Sindical de Trabajadores del Lloyd Aéreo Boliviano (Fstlab).
Acciones.
Hasta mediados de la próxima semana la Fstlab, estima entregar al directorio transitorio de la compañía, el acta constitutiva de la Sociedad de Responsabilidad Limitada, la personería jurídica de los 9 sindicatos de base y de la misma Federación y el reconocimiento de toda la dirigencia sindical por parte del Ministerio de Trabajo, para registrar la titularidad del 50 por ciento de las acciones a su nombre, en el libro de accionistas de la compañía y Fundempresa.
