La iniciativa del Prefecto del Departamento de acercar a las partes en disputa podría ser oportuna y permitir quizá resultados positivos.

El conflicto desatado por la declaración del carácter originario de la Asamblea Constituyente y su superposición de cara a los poderes constituidos, en virtud de la aprobación del primer artículo de su reglamento mediante la aplicación de la mayoría simple de votos, no sólo sigue en pie sino que ha saltado a la esfera de la judicatura nacional, si se considera que existen anuncios de acciones contra los prefectos y cívicos de los cuatro departamentos que al reiterar su rechazo a uno y otro extremo, contrarios ambos al ordenamiento jurídico vigente y a la propia ley de convocatoria al evento, amenazaron con promover el desacato a la carta fundamental que vaya a ser finalmente elaborada, además de haber adoptado otras medidas precautorias del estado de derecho y de la perspectiva de establecerse el régimen de la autonomía en sus jurisdicciones.

Más aun, el que la Corte Suprema hubiese rechazado la tal caracterización a través de su titular, contribuyó a la judicialización del caso, sacándolo circunstancialmente del marco del debate entre el oficialismo y la oposición, ubicados tanto en la misma Asamblea como en los otros escenarios del mundillo político, peor si uno de los miembros del Tribunal Constitucional expresó su desacuerdo con el veredicto del magistrado, señalando que ningún poder debía inmiscuirse en las labores de la Constituyente, a despecho de la opinión de una de las facciones en pugna y vastos segmentos de la sociedad, al igual que de estudiosos de la materia.

De ahí que a pesar del clima de avenimiento generado por el retorno a la capital de la República, el pasado día martes, de uno de los asambleístas desde los centros médicos de Santa Cruz y Cochabamba a los que había sido trasladado después de sufrir un accidente en el teatro Gran Mariscal, todo indica que las divergencias, dentro y ahora también fuera de la Asamblea, cobrarán renovados bríos, máxime si se daba por descontado que ni el Movimiento al Socialismo ni la oposición, cederían en sus puntos de vista: preservación del mencionado artículo tal cual fue aprobado, y demanda de su revisión, respectivamente; a la vez que se negaba la sostenibilidad del acuerdo de los dos tercios que se dio en la tarea de continuar con la aprobación de las normas reglamentarias.

Los prefectos y cívicos a quienes se quiere llevar al banquillo de los acusados por supuesta sedición y atribución de los derechos del pueblo, entretanto, parecían inmersos en un período de observación del desarrollo de los acontecimientos, mientras que Cochabamba protagonizó una memorable concentración ciudadana la víspera pronunciándose por la unión de los bolivianos, la conservación del sistema democrático de gobierno y el respeto al estado de derecho, coincidiendo --aunque no de forma expresa-- con el ideario del oriente y sur del territorio.

En este contesto, la iniciativa del Prefecto del Departamento de acercar a las partes en disputa, podría ser oportuna y permitir quizá resultados positivos, al mismo tiempo de ratificar la vocación integradora y de articulación de la región.