Los Tiempos
Resguardados por un mayor número de efectivos militares y policiales de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), todos más armados que antes, los erradicadores de coca desplazados a la zona de Yungas de Vandiola reanudaron ayer la reducción de los cultivos de la hoja en la Subcentral Icuna, donde el pasado viernes dos colonos murieron al enfrentarse con las fuerzas combinadas para evitar la eliminación de sus cultivos.
"Solo muertos podrán erradicar nuestros cultivos", advirtió una productora de Icuna, al informar ayer que toda la población de la subcentral se encuentra en vigilia y preparada para resistir el ingreso de las brigadas de erradicadores.
Desconociendo el cuarto intermedio de 15 días en las negociaciones, acordado por el ministro de la Presidencia, Ramón Quintana, con los dirigentes de los sindicatos de campesinos de Yungas de Vandiola el pasado martes; por instrucción expresa del Ejecutivo se reforzó la presencia militar y policial en la zona, con alrededor de 500 efectivos y el envío de más armamento.
Según confirmó un jefe del contingente de la FTC asentado en el lugar, que pidió reserva sobre su identidad, el instructivo del Gobierno es continuar con la reducción de las plantaciones de toda la zona, orden que empezaron a cumplir ayer.
El mismo martes pasado, mientras se llevaba a cabo ese diálogo convocado ante los violentos enfrentamientos, en un amplio desplazamiento las fuerzas combinadas levantaron un tercer campamento en la zona en las orillas del río Icuna (este), en el límite entre el Parque Nacional Carrasco y Yungas de Vandiola, ubicada en las provincias de Tiraque y Carrasco de Cochabamba.
Estas instrucciones, alertaron a los colonos quienes pidieron al Gobierno respetar el cuarto intermedio, ordenar la paralización de la erradicación para evitar nuevos enfrentamientos y respetar la Ley, concretamente la Ley 1008 que reconoce Yungas de Vandiola como zona lícita, tradicional de cultivos de coca.
El dirigente del sindicato de Pataicuna, Nicanor Churata, manifestó que si bien rechazan la propuesta del Gobierno de un cato por familia, están dispuestos a cultivar máximo una hectárea de coca por familia y reducir todo el excedente a ese límite.
