A escasos días del derramamiento de sangre en Pampa Amarilla, en el subtrópico de Cochabamba, donde persiste el riesgo de hechos de violencia a raíz de la disposición de los cocaleros de mantener y acaso ampliar sus cultivos, por una parte, y del envío de fuerzas policiales para erradicarlos, por la otra, un nuevo enfrentamiento, esta vez entre cooperativistas y asalariados, ha teñido de copioso rojo el suelo de las instalaciones de Huanuni, otrora uno de los principales centros mineros del país a cargo hoy de la Corporación Minera de Bolivia.
En los dos casos, saltan a la vista falencias del actual gobierno, sean éstas fruto de permisividad, desacuerdos o ausencia del imperio del principio de autoridad, que debieran subsanarse a la brevedad para evitar que se propaguen, abarcando inclusive a otros actores como son los avasalladores de tierras, que, ante el anuncio de modificaciones a la legislación agraria, se han dado a la ocupación de predios ajenos sin reparar en probables reacciones de sus propietarios.
No otra explicación puede darse a estos sucesos, atenta la afinidad entre las autoridades nacionales y los sectores cocalero y minero, que inclusive cuentan con representación en los más altos niveles de la administración, desde el Presidente de la República hasta el Ministro de Minería y ex dirigente de los cooperativistas.
En este sentido, la clarificación del discurso oficial y las medidas más conducentes, detendrán la amenaza de una espiral de conflictos.
