Fiscal imputa a Chaly y lo arrincona contra otra vez

El fiscal Roberto Tórrez Ortiz imputó formalmente al alcalde de Cercado, Gonzalo Terceros Rojas, por la presunta comisión del delito de incumplimiento a resoluciones judiciales, tipificada en el artículo 179 del Código Penal, en el caso de un fallo del Tribunal Constitucional, que instruyó la restitución de una funcionaria, pero que no fue cumplida.

A esta determinación se debe sumar dos imputaciones anteriores sobre incumplimiento a resoluciones judiciales y malversación y daño económico en la administración de los recursos económicos de la II Cumbre Sudamericana de Presidentes y a una acusación por incumplimiento a una orden judicial.

En un documento, al que Los Tiempos accedió, el fiscal Tórrez presentó el pasado 24 de diciembre al Juzgado de Instrucción Quinto en lo Penal, la imputación contra Terceros Rojas porque existen elementos de convicción que presumen la responsabilidad del Alcalde por no ejecutar a cabalidad un fallo del Tribunal Constitucional.

La querellante Doris Jeaneth Ríos Meza fue incorporada a la planilla de la Alcaldía el pasado 1 de marzo de 1999 como Jefa del Departamento de Programación de Operaciones. Posteriormente la Resolución Municipal 2711/2000 la incorpora en el plan de la Carrera Administrativa Municipal.

Sin embargo, la ex alcaldesa Rocío Luque despide a Ríos Meza el 9 de junio de 2004, según el memorándum 1189/04.

Ríos Meza realiza varios trámites administrativos de reposición de su cargo en el Concejo Municipal, pero en primera instancia un recurso de Amparo Constitucional le sale improcedente.

Sin embargo, el Tribunal Constitucional, el 21 de marzo de 2007, falla en favor de Ríos Meza y ordena su restitución inmediata al cargo de Jefa del Departamento de Programación de Operaciones en el marco de la implementación del proceso de institucionalización a la carrera administrativa en el Gobierno Municipal.

Ante la falta de cumplimiento del Alcalde y el Concejo Municipal al fallo, el pasado 4 de mayo de 2007, el Tribunal Constitucional, mediante auto constitucional, complementa su sentencia aclarando que los responsables del cumplimiento de restitución son Gonzalo Terceros y el Concejo Municipal.

Después de la aclaración, Terceros Rojas ordena restituir a Ríos Meza en forma interina como Jefa III del Departamento de Programación de Operaciones, pero cinco días después el Alcalde revisa su determinación y transfiere sin modificar ítem ni salario a Ríos Meza al Departamento de Control de Calidad e Higiene Pública.

El documento de imputación establece que el Gobierno Municipal de Cercado no cumplió a cabalidad el fallo del Tribunal Constitucional; en consecuencia, la Sala Penal II, mediante Auto, resuelve remitir los antecedentes al Ministerio Público, referido al incumplimiento de la institucionalización administrativa en la Alcaldía.

Considerando que el artículo 43 de la Ley de Municipalidades establece que el Alcalde es la máxima autoridad ejecutiva en el Gobierno Municipal y que entre sus atribuciones principales se encuentra la de ejecutar las decisiones del Concejo Municipal, emitir y dictar resoluciones, el Ministerio Público considera que Terceros Rojas es el principal responsable del incumplimiento del fallo del tribunal Constitucional.

3 IMPUTACIONES Y UNA ACUSACIÓN

1.- La fiscal Ingrid Mercado imputó al Alcalde por incumplimiento a una orden judicial de la Corte Superior de Distrito, que instruyó la anulación de una ordenanza municipal y la restitución inmediata de dos ex funcionarios del Complejo Hospitalario Viedma.

2.- El fiscal Juan Pedro Ortuño imputó al Alcalde por la presunta comisión de los delitos de malversación y daño económico al Estado en la administración de los recursos económicos de la II Cumbre Sudamericana de Presidentes.

3.- El fiscal Roberto Tórrez Ortiz imputó formalmente al Alcalde por no cumplir una sentencia del Tribunal Constitucional en el caso de Jeaneth Ríos Meza, quien fue despedida en 2004.

4.- La fiscal Ingrid Mercado presenta en el Juzgado Cuarto de Instrucción en lo Penal una acusación contra el Alcalde, el concejal de UCS Edwin Mallón y el funcionario municipal Rolando Tellería, por incumplimiento a una orden judicial.

Ante la excepción previa, recurso jurídico presentado por el Alcalde, el Tribunal pidió una aclaración a la Fiscalía.