El haberse accedido a la triple demanda debería ayudar a pacificar el país para así emprender, de cara a la ciudadanía, un profundo debate sobre estas y otras cuestiones
A partir de la negociación entre el Poder Ejecutivo y el Comité Cívico de Santa Cruz se ha desatado una discusión respecto de si se realiza primero la elección de los prefectos, luego el referéndum vinculante sobre autonomías y finalmente la elección de constituyentes; o si el voto para elegir prefectos y constituyentes es simultáneo; o si se efectúa en forma conjunta la elección de prefectos y el referéndum.
En rigor, se trata de una discusión eminentemente técnica que la polarización ideológica quiere convertir en principalmente política.
Acerca de la elección de prefectos, el Ejecutivo se ha cuidado de que el decreto supremo convocándola no pueda ser impugnado ante el Tribunal Constitucional, y habiendo comenzado a andar este proceso, es seguro que en cada departamento habrá interés en elegir a su primera autoridad sin demora.
En cuanto al referéndum, es necesario anotar que se trata de una opción ciudadana por la idea en general y no sobre sus contenidos específicos, aspectos que de ninguna manera pueden ser sometidos a consulta directa porque son materia de una reforma constitucional, vale decir de la Asamblea Constituyente.
Por tanto, desde una perspectiva técnica, la elección de prefectos y el referéndum no invalidan la convocatoria a la Asamblea Constituyente. Es más, el pronunciamiento ciudadano sobre las autonomías, expresado a través del voto, ayudará a que se vaya estructurando la agenda de la Constituyente. En efecto, si la población opta mayoritariamente por este nuevo régimen político-administrativo, será inevitable que, por un lado, el tema sea incorporado en las propuestas de los candidatos a ser constituyentes parea atraer el respaldo ciudadano y, por el otro, que buena parte de los debates entre esos personajes sea copado por el sistema autonómico.
Sin embargo, la decisión de convocar al referéndum y a la elección de prefectos afecta intereses político-ideológicos y gremiales, pues hay dirigentes radicales y corporativos que están conscientes de que su proclamada inserción en los sectores populares no se expresa a través de este mecanismo sino mediante acciones de masas. Por otra parte, la elección de prefectos también afecta los intereses políticos de los alcaldes, particularmente de las capitales de departamento, donde de facto asumen la representación de las regiones.
En esta suerte de laberinto, el haberse accedido a la triple demanda debería ayudar a pacificar el país para así emprender, de cara a la ciudadanía, un profundo debate sobre estas y otras cuestiones que habrán de ser tratadas en la futura Constituyente, de forma tal de consolidar la democracia y la unidad nacional e impulsar un proceso de desarrollo armónico y sustentable.