A uno no le resta sino actuar con la ley y al otro recuperar de algún modo y sin pérdida de tiempo su esmirriada legitimidad

Los sectores radicales de la población parecen estar dispuestos a asestarle esta semana el golpe de gracia a lo poco de institucionalidad que queda en el país, sin reparar ni en el daño que de por sí ha causado ya el proceso de vertiginosa descomposición que lo azota, ni en sus consecuencias.

No otra interpretación puede darse a la intransigencia de la cúpula vecinal de la ciudad de El Alto, como al afán campesino de incrementar los bloqueos de carreteras e, inclusive, cercar los campos petrolíferos en el trópico cochabambino.

En el primer caso, la demanda se dirige a lograr no sólo la expulsión inmediata de la empresa Aguas del Illimani, sino la renuncia del Alcalde alteño y del Superintendente de Saneamiento Básico, además de amenazar con el sitio del Congreso de la República para su cierre, hecho que se produciría justamente hoy con ocasión de la marcha que la Federación de Juntas Vecinales de El Alto prevé realizar sobre la castigada sede de gobierno.

En el segundo, entretanto, los labriegos de regiones pertenecientes a los departamentos de Chuquisaca y Potosí y los productores de coca del Chapare, exigen 50 por ciento de regalías por la explotación de los hidrocarburos y la convocatoria a Asamblea Constituyente, determinados a doblegar a los poderes públicos y a reemplazarlos por la fuerza si no son satisfechos en sus objetivos, todo bajo la conducción del Movimiento al Socialismo que no ha negado estar detrás de la iniciativa.

La arremetida es pues contra los órganos Ejecutivo y Legislativo por igual, sin embargo de que aquel está ya acorralado por la dirigencia de los vecinos alteños, que ha venido dándose el lujo de rechazar todas y cada una de las cesiones oficiales a propósito de la expulsión de la compañía distribuidora de agua en esa jurisdicción y la de La Paz, mientras que éste se desempeña a los tumbos pese a contar con la representación de los que se proponen clausurarlo, siendo el encargado de ocuparse del régimen tributario inserto en la Ley de Hidrocarburos y de la organización de la Asamblea Constituyente, como que en el tratamiento de esa norma llegó al menos a conclusiones que serían revisadas mañana en virtud de la supuesta comisión de irregularidades durante una votación.

Esto --los dos citados poderes del Estado, y el Judicial que se salva todavía del entrevero--, es lo que sigue en pie de la zarandeada institucionalidad nacional y contra lo que se enfila la anunciada radicalización de medidas a partir de la fecha, a través del manido ejercicio de la presión, sea irracional o interesada, según de dónde provenga.

En la encrucijada, a uno no le resta sino actuar con la ley y al otro recuperar de algún modo y sin pérdida de tiempo su legitimidad, esmirriada por obra propia de sus componentes.

De no hacerlo así, ningún extremo deberá ser motivo de sorpresa.