La Paz | La Prensa y agencias.- La lucha contra el contrabando se extenderá a los puntos de venta en las ciudades y se efectuará en coordinación entre la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) y el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), según la nueva estrategia que las autoridades gubernamentales comenzaron a socializar desde ayer.
Para efectivizar la medida, el Poder Ejecutivo propondrá al Congreso la modificación del artículo 4 de la Ley de Aduanas próximamente, luego de consensuarla con el sector privado.
El ministro de Hacienda, Luis Arce Catacora, dijo que es necesario generar una mayor sensación de riesgo para las personas que se dedican a la ilícita actividad porque no puede ser tan fácil vender en la calle productos que ingresan al país sin pagar impuestos.
La autoridad añadió que la ANB debe tener potestad de intervenir y realizar operativos anticontrabando en las áreas urbanas y principales centros de consumo.
Sin embargo, en la actualidad el artículo 4 de la Ley de Aduanas limita esta posibilidad al prohibir la realización de controles en las zonas secundarias (ciudades).
En este contexto, una de las recomendaciones de la estrategia será ajustar la normativa y eliminar impedimentos a los operativos en los centros urbanos.
Tres frentes
El plan identificó tres frentes a los que se atacará con diferentes instrumentos: el contrabando de frontera, que es realizado por bagalleros en pequeña escala (contrabando hormiga); el contrabando documental atribuido a "delincuentes de cuello blanco" y que se manifiesta en la defraudación fiscal; y el contrabando negro que se refiere al ingreso de mercaderías por puntos fronterizos no autorizados.
La presidenta de la Aduana, Marcia Morales, informó que, en el primer caso, la estrategia apuntará a la formalización de los agentes dedicados a esta actividad y a la generación de oportunidades económicas en las fronteras (polos de desarrollo). Para atacar el contrabando documental se reforzará la fiscalización y se verificará la cantidad y valor de los productos desde su origen.
Además se intercambiará información con Impuestos Nacionales para identificar a los grandes evasores y descubrir las redes de comercialización de productos de contrabando.
Respecto al contrabando negro, la estrategia plantea incrementar los operativos de interdicción en las fronteras, que después se extenderá a las ciudades, una vez que sea modificada la Ley de Aduanas.
En el corto plazo la prioridad es hacer un control más riguroso a la importación ilegal de granos (azúcar, arroz y harina) y ropa usada para proteger a la industria nacional. También se evalúa un ajuste de aranceles para hacer más competitiva y atractiva la importación legal.
Chutos: el Gobierno descarta amnistía
El Gobierno descartó ayer la posibilidad de aplicar una nueva amnistía para los vehículos que ingresaron al país a través del contrabando con la aplicación de una política de "tolerancia cero" que arrancará con un plan de regularización que será aprobado hoy por el gabinete del presidente Evo Morales.
El ministro de Hacienda, Luis Arce, quien coordina la aplicación de este conjunto de medidas en el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conapes), informó que la propuesta ya fue presentada a la asociación de propietarios de estos vehículos indocumentados.
"Nosotros no queremos más nacionalizaciones; se debe solucionar este tema para que no se repita más esta historia", indicó Arce luego de sostener una reunión con la Comisión de Hacienda del Senado que analizó la propuesta calificada de "estructural".
Arce explicó que los más de 40 mil vehículos ilegales que se encuentran en el país podrán acogerse a un plan de regularización que de ninguna manera establece la posibilidad de un perdón por concepto de impuestos y multas a través de las zonas francas legalmente instaladas en el país.
