Agencias.- El Gobierno rechazó ayer el "Plan operativo de acceso y uso sostenible de los recursos naturales renovables de Santa Cruz", que el lunes fue puesto en marcha por la Prefectura de ese departamento, y defendió la facultad constitucional y privativa del Ejecutivo, como administrador del Estado, para aplicar políticas de distribución de tierras.
El uso de esa facultad, de acuerdo con el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Alfredo Rada, se expresó en la aprobación, el pasado sábado, de siete decretos para llevar adelante la política nacional de tierras.
Rada, sin embargo, no descartó la posibilidad de una coordinación con los niveles departamentales en este tema, pero remarcó que las definiciones de esas políticas son exclusivas y privativas del Gobierno nacional.
El Viceministro descartó recurrir a instancias legales contra el prefecto cruceño Rubén Costas porque "no se tiene la intención de buscar confrontación" y añadió que aclarando que la distribución de tierras es una atribución exclusiva del Gobierno se sorteará este problema para dejar "sin fundamento cualquier posición de autoridades departamentales que pretendan acceder más allá de sus atribuciones legales".
Más reacciones
Por su parte, el presidente del Senado Santos Ramírez, dijo que todo aquello que esté por encima de la Constitución y de las leyes cae en la inconstitucionalidad e ilegalidad, pero también descartó acciones legales para revocar el plan prefectural.
"En Bolivia hay cosas más grandes que hacer (que iniciar acciones legales) como el cambiar políticas económicas, sociales que pelearnos entre nosotros mismos", manifestó Ramírez.
El jefe del Senado halló una justificación en la posición asumida por la Prefectura de Santa Cruz sobre el tema tierras al afirmar que "con el nuevo gobierno se comenzaron a terminar los privilegios, los económicos y políticos del latifundio improductivo".
Por su parte, el prefecto de La Paz, José Luis Paredes, dijo que "no creo que sea aconsejable (la determinación de Costas), el Gobierno está actuando con mucha cautela en el tema de tierras y como prefecturas debemos coadyuvar para que salgan bien las cosas".
El plan cruceño fue presentado por el prefecto Rubén Costas y prevé la creación de tres comisiones para la constitución del fondo de tierras, la de uso de suelo y de ordenamiento territorial, con el propósito de acelerar la dotación y saneamiento agrícolas en el marco de la actual Ley INRA.
Sin embargo, el presidente Evo Morales derogó el sábado el decreto 28148 que aprobó su antecesor Carlos Mesa, que descentralizaba regionalmente las competencias del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) para el saneamiento de tierras. El Jefe de Estado aprobó el decreto 28738 para devolver al INRA todas sus competencias en el ámbito nacional.
El "plan Costas", como fue denominado, fue presentado con asidero en el artículo 109 de la Constitución Política del Estado, la Ley 1654 de descentralización administrativa y el Decreto Supremo 25060.
EMPRESARIOS RECLAMAN POR CONCESIONES
La Cámara Forestal de Bolivia (CFB) pidió ayer respeto a las concesiones otorgadas bajo la actual Ley Forestal y advirtió que cualquier cambio en las reglas de juego puede ahuyentar las inversiones en este sector, que en los últimos nueve años habría contribuido al Estado con "40 millones de dólares" por concepto de patentes forestales.
El pasado sábado, el presidente Evo Morales, al lanzar su revolución agraria, decidió derogar el decreto supremo 28140, porque "reconocía la calidad de propiedad forestal, cuando la Ley sólo reconoce los derechos de utilización forestal". Esa disposición llamada "ilegal" por el actual Gobierno fue promulgada el 17 de mayo de 2005, por el entonces gobierno de Carlos Mesa Gisbert.
Al respecto, el gerente general de la Cámara Forestal de Bolivia, Arturo Bowles, señaló que los empresarios aún no analizaron los alcances de la disposición gubernamental, pero adelantó que cualquier cambio en la normativa provocará mayor incertidumbre con relación a las inversiones.
Admitió que la medida tomó por sorpresa al sector forestal, más aún, según dijo, cuando había pedido reuniones con el Presidente y Vicepresidente de la República, sin haber logrado una respuesta.
Bowles rechazó las declaraciones del viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz, en sentido de que los empresarios forestales serían unos evasores de impuestos, aclarando que este sector "ha generado en nueve años de vigencia de la Ley Forestal, alrededor de 40 millones de dólares en patentes forestales".
