Toca al gobierno tomar nota de estos planes que sobrepasan el ámbito local involucrando al país en su conjunto de cara al intercambio comercial internacional.

Han transcurrido casi tres meses sin que el Poder Ejecutivo se hubiese pronunciado en torno de un proyecto de decreto supremo destinado a la reversión del tramo ferroviario a Oruro que le fuera presentado por la Prefectura de Cochabamba.

Se trata de la iniciativa tendente a que ese segmento de la red occidental de ferrocarriles, en poder de una empresa privada extranjera como resultado del proceso de capitalización de la pasada década, vuelva al dominio del Estado y este, a su vez, lo traspase a las prefecturas de los dos departamentos, en la perspectiva tanto de rehabilitarlo, como de que se constituya en factor de reactivación del proyecto de construcción de la ferrovía Aiquile-Santa Cruz, de 380 kilómetros de extensión, de forma tal de incorporarla al corredor Santos-Arica, a base de un estudio elaborado por el Brasil u otro igualmente existente.

En el ínterin, las prefecturas de Cochabamba, Santa Cruz, Oruro y Potosí ratificaron su interés a propósito de las dos obras en reciente reunión que tuvo por escenario la capital orureña, donde instaron al gobierno nacional a proceder del modo indicado sin pérdida de tiempo, además de haber ocupado simbólicamente la estación central de dicha urbe.

De acuerdo con informe difundido la víspera por fuentes de la Prefectura cochabambina, la mencionada empresa está llana a devolver el tramo en cuestión, para cuya reparación se cuenta con al menos tres ofertas financieras, una de ellas proveniente de la agencia de cooperación del Japón, en vista de no haberle resultado rentable y sí más bien caído en paulatina destrucción por causas naturales y el sistemático robo de durmientes y rieles.

Ya el año 2000 el consorcio intentó deshacerse del tramo, sin que empero la administración de entonces y las que le sucedieron concretaran la operación, promulgando en cambio decretos contradictorios.

El ferrocarril hacia el altiplano fue siempre problemático sobre todo en la región de Arque, circunstancia que demandó millonarias inversiones para su conservación. Peor aun, su transferencia al sector privado transnacional significó el colapso de esa y otras provincias que durante décadas vivieron de él, al punto de exhibir hoy imágenes deplorables.

La ambiciosa idea de vincular a los océanos Atlántico y Pacífico por vía carrilana se justifica en el hecho de que la obra permitiría el tráfico de carga desde Brasil hasta la costa de Chile por territorio boliviano, al igual que de mercancías nacionales en ambas direcciones, como ser la soya y más adelante el hierro industrializado de El Mutún, según aquellas fuentes que no dudan del carácter competitivo de los ferrocarriles frente a las carreteras.

Toca al gobierno del presidente Evo Morales, que justamente anuncia su programa económico para la siguiente semana, tomar nota de estos planes que sobrepasan el ámbito local involucrando al país en su conjunto de cara al intercambio comercial internacional.