La Paz | Agencias
El presidente Evo Morales emplazó ayer al Congreso a ratificar constitucionalmente en un máximo en dos semanas los 44 contratos firmados con 12 compañías petroleras en el marco de la nacionalización de los hidrocarburos.
Morales entregó los convenios al vicepresidente Álvaro García Linera, que también es titular del Congreso, y le pidió "acelerar la aprobación urgente" de esos documentos en los siguientes días.
"Vengo aquí a entregarle estos 44 contratos para que, de acá a dos semanas, usted me los devuelva ratificados", pidió el Jefe de Estado a García Linera en las oficinas de la Vicepresidencia, al señalar que esa agilidad permitirá que las compañías comiencen a invertir lo antes posible en sus operaciones.
La ratificación legislativa de esos contratos, o de cualquier otro referido a la explotación de los recursos naturales de Bolivia, es una de las exigencias fijadas en la Constitución.
El Presidente pidió además a los partidos políticos del Congreso, que vean los contratos como una "política de Estado" y no como parte de una confrontación entre las formaciones políticas.
"Cuando uno piensa en el país... los problemas económicos se pueden resolver y (también) los problemas sociales que hemos tenido", agregó al reiterar que con la nacionalización el Estado logrará ingresos anuales por 1.300 millones de dólares frente a los 230 millones al año que obtenía antes de 2005 cuando se modificó la legislación petrolera.
Los nuevos contratos fueron firmados por dos filiales de la brasileña Petrobras, la hispano-argentina Repsol YPF y su subsidiaria Andina, la franco-belga TotalFinaElf, la británica British Gas, Chaco (del grupo British Petroleum), las argentinas Pluspetrol y Matpetrol y la estadounidense Vintage (Occidental/Oxy).
Además, Morales entregó al Vicepresidente los contratos firmados con otras dos empresas, la coreana Dong Won y la Canadian Energy, que controlan ínfimas cantidades de reservas, pero con las que suman 12 las compañías que operarán tras la nacionalización dictada en mayo pasado.
Luego de recibir los contratos, García Linera destacó el trabajo realizado por el Ejecutivo en la negociación con las petroleras y se comprometió a entregarlos a la comisión congresal respectiva para que empiece a trabajar desde hoy para que en el lapso de dos días pase al pleno de la Cámara de Diputados para su tratamiento.
44 contratos
Los contratos entregados al Poder Legislativo incluyen a la totalidad de los bloques y a todas las empresas que firmaron los acuerdos con el Gobierno, informó el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Juan Carlos Ortiz.
Explicó que los 69 acuerdos aún vigentes se convirtieron en 44, por la fusión en un solo documento de varios bloques, pero manteniendo la independencia de cada campo tanto en operación como fiscalización y remuneración.
Las empresas que se acogieron a esta modalidad "fusionada" son: Chaco con campos como Vuelta Grande, Bulo Bulo, Carrasco, Katari Kanata, Churumas, Los Cusis, Los Monos San Roque, Santa Rosa y otros; también Pluspetrol con los campos Tacobo, Madrejones, Bermejo y Río Seco; y la filial de Occidental, Vintage, con los pozos Chaco Sur, Naranjillos y Porvenir.
Comité es primera instancia
El presidente de la Comisión de Desarrollo Económico de la Cámara de Diputados, Jorge Silva, informó ayer que los contratos petroleros serán derivados para su análisis al Comité de Energía e Hidrocarburos.
Esa instancia, que depende de la Comisión de Desarrollo Económico, será la responsable de elaborar un informe técnico sobre el contenido de los documentos.
"El comité evacua el informe y el pleno de la Comisión, donde están representadas todas las fuerzas parlamentarias, deberá realizar el análisis respectivo", precisó Silva.
El parlamentario, sin embargo, no habló sobre plazos o un cronograma que rija para el tratamiento del asunto.
En el artículo 59 de la Constitución Política del Estado se establece que una de las atribuciones del Congreso Nacional es "autorizar y aprobar la contratación de empréstitos que comprometan las rentas generales del Estado, así como los contratos relativos a la explotación de las riquezas nacionales".
Es en ese marco que los 44 contratos suscritos entre YPFB y las petroleras que operan en el país entrarán en vigencia apenas el Congreso Nacional los autorice.
