Chillando están los ciudadanos y, aún más, los periodistas y algunos analistas políticos por la desvergonzada forma en la que los "políticos tradicionales" han esquivado la responsabilidad social acumulada en los sucesos de febrero, octubre y junio respectivamente. Aprovecho la actual situación de decepción y de resentimiento en la ciudadanía para criticar públicamente a los "politólogos pasionales" quienes contribuyeron con sus "análisis" a esta debacle de la representación.
El primer punto se inicia con las truculentas y amenazantes advertencias sobre un supuesto de recalcitrante comportamiento excluyente del sistema pluralista de partidos en Bolivia. Nada es más falso ni más contradictorio que haber catapultado de excluyente a un sistema pluralista de partidos y, para no quedarse cortos, exclamando a gritos, que el derecho a ser elegido estaba limitado para pocos. Mucho más coherente habría sido advertir la peligrosidad en un sistema mayoritario, caso que no corresponde a Bolivia, empero, suena muy bien cuando se quiere dar importancia a un análisis vago, mediocre y amarillista de la política. Pues, al contrario, gracias a las probabilidades que un sistema pluralista permite, partidos como el MAS o como el MIP se iniciaron sin mayores barreras competitivas.
Ahora, las demandas de participación de los grupos corporativos se asemejan más a la participación de las utilidades en las empresas privadas que a la participación política para la agregación de sus demandas en los proyectos nacionales. Los dirigentes, si no soplan la vela de los cargos públicos, son incapaces de reconocer el buen sabor del pastel. Pretendo, entonces, aproximar que la responsabilidad de representar no se compara con la irresponsabilidad de participar de pegas públicas. ¿Quién podría fiarse, de un "dirigente" que, es incapaz de consolidar un grupo que cumpla con los requisitos mínimos que exige el código electoral, para que dirija el país entero?
En resumen, la representación en Bolivia está democráticamente liberalizada y no es excluyente. Otro será el caso y el grado de discusión frente a la dirigencia partidaria, el sultanismo y las labores institucionales incumplidas por los partidos. Así mismo respecto a la corrupción y el clientelismo que emergen de la oscura financiación. Para este último asunto, la fiscalización y control del financiamiento y gasto es la salida. Como también lo será para la debilitada democracia interna y la anoréxica escuela de pensamiento político. Si la pasión supera una vez más a la razón y se anula el financiamiento público a los partidos, espero que no sea extraño, para los románticos, que terminemos claudicando el sostenimiento de la representación política. Más control al financiamiento y menos romanticismo en las opiniones.
El segundo punto se refiere a la tan repetida crisis de partidos. Es prudente aclarar que las crisis de partidos se diagnostican al momento que éstos son disueltos y/o reprimidos por un gobierno hegemónico (caso de México del PRI y Perú de Fujimori). Si esto ha quedado claro, también debería estarlo, que no podría decirse que los partidos en Bolivia están en crisis, siendo que aún, fundada en intereses propios del clientelismo político, ostentan la representación. Lo que aquí vengo a declarar es que la crisis es de representación democrática y no de partidos propiamente. De esto se deduce que la necesidad no son ni más ni nuevos partidos, sino mejorar la representación y canalizar la misma bajo fundamentos democráticos.
La sigla y las normas no hacen a las personas, son las personas quienes hacen las normas y eligen la sigla. Creo que esto queda claro luego de haber revisado las listas electorales de las novedosas Agrupaciones Ciudadanas. El instrumento político no es la encarnación del bien ni del mal, es la carta de presentación de los dirigentes políticos y los intereses que representan.
El daño causado por esta aparente reconfiguración del sistema de partidos influye directamente en las instituciones de representación política, pues, un sistema de partidos se entiende saludable por la institucionalidad y competencia entre sus partidos, y no, por la oportunidad de sus candidatos. La institucionalidad se crea a partir de las normas, los mitos y las creencias que se consolidan a través un largo tiempo. Esto quiere decir, que la institucionalidad no es sinónimo de nuevos estatutos. Las agrupaciones ciudadanas no son instituciones consolidadas y, es más cierta que dudosa, su efímera presencia en etapas electorales. Ni que decir ya de la competitividad dado el carnaval de tranfugios y la consecuente mezcolanza de ideologías.
En fin, las apreciaciones temerarias de exclusión y de crisis de partidos han desembocado en lo que hoy estamos viviendo con las malditas Asociaciones Ciudadanas. Muy pocos pudieron darse cuenta que los problemas de la representación estaban dentro y no fuera de los partidos, no eran precisamente sus siglas ni sus colores.
No se puede echar la culpa de todo lo malo a los "politólogos pasionales" pero es también evidente que tampoco se les puede felicitar por nada de lo bueno. Simplemente, pedirles más razón y menos pasión. Quizá sirva de algo decir que hoy por hoy el análisis político sobrepasa los enfoques históricos y sociológicos, concentrándose más bien, en la elección racional de los actores y el juego de intereses inmerso. Orientar los intereses privados a las formas públicas será siempre más adecuado que hipotecar el altruismo público en manos de intereses privados.
Las opiniones que citaron: la exclusión del sistema y la crisis de partidos, si bien no fueron mal intencionadas tampoco fueron idóneas, sin embargo, desencadenaron pasiones irracionales a las que hoy estamos sometidos. Esperemos, a su vez, que ya se haya pasado la fiebre de la segunda vuelta electoral o que, por lo menos, sus adeptos hayan razonado las evidentes desventajas. La responsabilidad de un politólogo se encuentra en la idoneidad de sus opiniones y no en sus perjudiciales buenas intensiones. En democracia todos podemos opinar y las estupideces no siempre se distinguen claramente. Nada fue más predecible que el transfugio político.
El autor es master y doctorando de gobierno y administración pública, reside en Madrid.