Santa Cruz | El Deber y Agencias.- El conflicto por el tema tierras generado en el municipio de San Julián, se zanjó ayer cuando en el marco de la sesión de la Comisión Agraria Departamental (CAD), se resolvió la dotación extraordinaria, bajo la modalidad de distribución, de 1.200 hectáreas a los colonos que fueron desalojados del predio Paila el pasado 18 de agosto.

El área ofertada, que son tierras fiscales, según el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), está dentro del municipio y cerca de Paila y será entregada a los afectados, pues sus dirigentes aceptaron la propuesta. Primitivo Montaño, secretario ejecutivo de la Federación Departamental de Colonizadores, confirmó el dato y resaltó que "no se podía hacer más".

Sobre el hecho de que las tierras que serán entregadas ya se encuentran ocupadas, como lo comprobó la comisión que viajó al lugar el pasado martes para verificar la situación, Montaño dijo que el INRA se comprometió a dejarlas expeditas para ubicar a los nuevos posesionados.

Esta situación podría implicar la apertura de otro frente de conflicto, pero los miembros de la CAD esperan que ello no suceda.

Por su parte, Mauricio Roca, vicepresidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente, destacó el hecho de que se hubiera logrado una solución en el marco del diálogo y en paz, como lo propusieron en su oportunidad.

Acuerdo

El presidente, Eduardo Rodríguez, suscribió ayer un acuerdo con las organizaciones indígenas de las tierras bajas con el propósito de normalizar el proceso de saneamiento de la propiedad de la tierra y la participación en la Asamblea Constituyente.

El acuerdo llegó luego de dos días de negociación en las que intervino el Jefe de Estado y las autoridades indígenas que planeaban realizar una gran caminata para demandar sus derechos.

El portavoz del Gobierno, Julio Pemintel, presentó ayer el acuerdo en el que se abre la posibilidad de que los indígenas participen de forma activa en el proceso preconstituyente y preautonómico que impulsa el Gobierno con la idea de preparar el camino de la Asamblea Constituyente.

Logran que no se anule el Decreto Supremo 28320

Representantes de los municipios de Minero, Pailón y Charagua lograron ayer postergar la anulación del Decreto Supremo 28320, referido al proyecto tierras y desarrollo agrario a través de un crédito financiero del Banco Mundial (BM).

La medida se dio en la Brigada Parlamentaria, donde se reunieron con el viceministro de Tierras, Luis Fernando Asturizaga, que se comprometió a aprobar la modificación de suspensión por vía rápida de la aplicabilidad del DS 28160, que es el que anula el 28320, para su ejecución en los indicados municipios hasta el 15 de septiembre próximo. Asturizaga explicó que el crédito del Banco Mundial es de 15 millones de dólares y se lo pretende canalizar a través de entidades financieras que tienen sucursales en el área rural.

Minero, Pailón y Charagua son los municipios que han sido seleccionados para aplicar el proyecto en forma piloto y posteriormente se lo irá ampliando al resto del país. El dinero que se entregará en calidad de préstamo será para la compra de tierra y su desarrollo.