De continuar este estado de cosas, el epílogo no será otro que el desastre como injusto legado a las nuevas generaciones de bolivianos.

La inversión de valores que prevalece en el país se ha visto nítidamente reflejada en el espectáculo protagonizado por la clase política a tiempo de cerrarse los registros electorales, la noche del pasado lunes, dando verosimilitud a ese dicho de que, en última instancia, los pueblos tienen los gobiernos que se merecen.

Saltos de una tienda política a otra hasta el filo del vencimiento del plazo establecido, o "migraciones" como algunos medios calificaron a la figura del transfugio empleando un término en boga desde el malhadado referéndum sobre el gas, fueron la característica de esa jornada, aunque no faltaron quienes consideraran al fenómeno como corolario de la crisis del sistema, tendente a una regeneración.

Peor todavía, a esos deplorables desplazamientos le siguieron la desintegración de unos partidos o el ingreso de otros en agonía, mientras que las agrupaciones ciudadanas, gestadas como alternativa ante la inminencia del colapso de los primeros, no dejaron de estar inmiscuidas en la vorágine.

En una situación de anomia como la que padece la nación; cuando los propios gobernantes --léase las brigadas parlamentarias salientes-- dan primacía a supuestos pactos de caballeros respecto del acatamiento de la Constitución para adelantar elecciones y rechazar la redistribución de escaños, por citar dos casos relevantes, y en circunstancias en que cada cual hace lo que le viene en gana para imponer sus caprichos, sean estos regionales, sectoriales o corporativos mediante el paro, el chantaje, el bloqueo o la manifestación callejera, no era pues de extrañar que los partidos políticos resultasen el espejo de semejante realidad y procedieran a tono con el desafuero ciudadano e institucional, al margen de todo principio ético y, menos aun, de un maltrecho al par que conscientemente desconocido ordenamiento jurídico esencial para la convivencia civilizada y el logro de objetivos mínimos en materia tanto de justicia social, cuanto de desarrollo y progreso.

De ahí que llame la atención, por su carácter contradictorio, la ola de indignación y protesta levantada en el seno de la opinión pública después de lo observado en el escenario político, siendo así que no se trató sino de un inevitable efecto de lo que ocurre en el pueblo mismo y sus entidades representativas.

Bien que a causa de esta generalizada descomposición haya quienes hablen de proceso de renovación y mejora, que sin pérdida de tiempo debiera emprenderse para salvar a la República de su destrucción desde las bases mismas de la sociedad, de modo que en el menor plazo posible tenga su correlato entre las elites llamadas a fungir de conductoras y a gobernar, en fin, porque de continuar este estado de cosas, el epílogo no será otro que el desastre como injusto legado a las nuevas generaciones de bolivianos.