Pese a que los daños provocados por la toma de la Prefectura de Cochabamba en abril pasado ascienden a más de 110 mil bolivianos, según cálculos de esta misma institución, el principal acusado de dirigir este avasallamiento, Iván Miranda, podrá salir de la cárcel con la fianza de 30 mil bolivianos, según determinó ayer el Juzgado Sexto de Instrucción Penal Cautelar, durante la audiencia de medidas cautelares.
Después de subsanar la documentación referida al título de propiedad de Miranda observado por la Fiscalía, la jueza Sexta de Instrucción Penal Cautelar, Celina Herbas, decidió la cesación de la detención preventiva de Miranda, además dirigente de la organización ADES, y le concedió medidas cautelares.
Durante la audiencia, Tito Riva, fiscal que investiga los daños materiales provocados en la toma de la Prefectura, rechazó la solicitud de cesación de la detención preventiva y argumentó que el imputado obstruyó las indagaciones del hecho y que existe riesgo de fuga. Sin embargo, la jueza determinó dar luz verde a la fianza económica fijada por el juzgado para permitir la salida de Miranda, quien estuvo recluido en la cárcel de máxima seguridad de El Abra, más de cinco meses.
El pasado 24 de agosto, la Sala Penal I de la Corte Superior de Justicia declaró procedente la apelación interpuesta por la defensa de Miranda, que demandaba la suspensión de la detención preventiva. El dirigente guardó detención provisional desde el 12 de abril de 2005, un día después de que los socios de ADES, asentados en Villa Porvenir, provocaron actos de destrozos y vandalismo en el edificio de la Prefectura de Cochabamba.
En su resolución, la Sala Penal I estableció que al quedar desvirtuados los argumentos que justificaron la detención preventiva de Miranda, por el Juzgado Cautelar VI, procede que el apresamiento se levante.
El Juzgado de Instrucción Cautelar Sexto de Cochabamba determinó en abril pasado detener preventivamente a Miranda y otras 48 afiliados de ADES por la comisión de varios delitos cometidos en la toma de la Prefectura de Cochabamba, donde produjeron daños de consideración.
ANTECEDENTES
Aproximadamente 450 afiliados de ADES construyeron viviendas en terrenos ubicados sobre la cota 2.750 en el Parque Nacional Tunari.
La Prefectura, en coordinación con la Fiscalía del Medio Ambiente y el Gobierno Municipal de Tiquipaya, demolió las viviendas construidas ilegalmente.
Afiliados de ADES denunciaron que aportaron 160 mil dólares en conjunto para la compra de los terrenos. Sin embargo, no existen los documentos de los terrenos y ADES reconoce no tener "ni un solo centavo" para devolver.
