Luego de una justificada polémica provocada por el Tribunal Constitucional al fallar en contra de un decreto supremo del gobierno anterior que fijaba un tope máximo de 8.000 bolivianos para las rentas de jubilación en el país, las autoridades del Ministerio de Hacienda y la Dirección de Pensiones han elaborado uno nuevo que, sobre la base de cálculos que habían sido obviados, fijó ese tope en 7.974.54 bolivianos.

Al anunciar la nueva disposición, dichas autoridades explicaron que en este caso se han observado todas las formalidades para evitar que sea impugnada en el órgano rector de la constitucionalidad, asegurando además que los criterios de equidad y justicia sean plenamente respetados, junto con un modelo que desecha arbitrariedades y la manipulación de la información.

Considerando que la reducción de rentas al límite señalado afecta a menos del uno por ciento de la población rentista del país, que hasta el año 2004 recibía montos mensuales de hasta 27.000 bolivianos, es probable que en realidad poco sea el ahorro para el Tesoro General de la Nación, pero al mimo tiempo representa una señal para la población en el sentido de que es posible aminorar las grandes brechas entre el elevado ingreso de unos pocos y el de la mayoría, que es exiguo.