Rodeado por los micrófonos de la prensa quiteña y con la misma soltura de cuerpo con la que dijo que hace 17 años que no lee libros, el canciller David Choquehuanca acusó a la prensa boliviana de formar parte de la élite que, según el gobierno, es la que promueve el paro de 24 horas en los departamentos de la "media luna".
Si la principal figura del gabinete ministerial -porque eso es un Canciller- hubiera dicho eso en el país, yo no me estaría ocupando del tema porque, al final de cuentas, ya estamos acostumbrados al estilo de sus declaraciones. No obstante, Choquehuanca lanzó su acusación en Quito, la capital ecuatoriana, y, para colmo, las agencias internacionales de noticias se encargaron de divulgar la versión por todo el mundo.
Según el Canciller, "Bolivia está sufriendo un proceso revolucionario" que "va a afectar a la elite, a quienes siempre han estado aprovechando, quienes han hecho leyes para saquear nuestros recursos naturales".
Hasta ahí, todo parece estar en el marco de la normalidad pero, más adelante, el ministro afirmó que "los medios de comunicación son parte de esa elite y están comunicando no necesariamente lo que está viviendo Bolivia, que está viviendo momentos de cambio que tienen el apoyo de la población mayoritaria".
Las palabras del Canciller pueden dar lugar a largos debates pero, pidiendo disculpas por mi egoísmo, yo me concentraré en lo que me interesa: su alusión a la prensa.
Admito que existe medios de comunicación que están abiertamente identificados con los intereses de los sectores empresariales de Santa Cruz y quizás el más claro ejemplo sea Unitel que, al informar que el gobierno no permitirá las protestas de este viernes, no tuvo empacho en reproducir las declaraciones de Luis Arce Gómez cuando anunciaba que los opositores al régimen garciamecista debían andar con el testamento bajo el brazo.
Sin embargo de ello, hay que admitir que este gobierno, al igual que los anteriores, utiliza la televisora estatal -que tienen un alcance mayor a la de cualquier red privada- para difundir informaciones desde su óptica. Precisamente en el momento en que Unitel manipulaba a su audiencia con el archivo de Arce Gómez, el canal 7 hacía lo propio desacreditando la reunión de los cívicos de la "media luna".
Ese manejo informativo es normal en un país en el que existe libertad de prensa. Los medios de comunicación son libres de alinearse con cualquier corriente aunque no sea ético que traten de inducir a sus audiencias.
En Bolivia existen los más diversos tipos de medios de comunicación social, desde las grandes redes, que generalmente responden a intereses empresariales, hasta humildes radioemisoras cuyo alcance no rebasa los límites de su comunidad. Más aún, este gobierno tendrá, en breve, una poderosa red de radios comunitarias que, al igual que el canal 7, responderá a sus lineamentos.
Por tanto, nadie -y mucho menos la principal figura del gabinete ministerial- puede poner a la prensa en una sola bolsa y decir que es subversiva en su totalidad o bien que responde a los intereses de determinada élite.
La mayoría de los periodistas del país están aglutinados en la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa Boliviana cuyos principios no son diferentes a los de otros sindicatos.
Así, el primer principio de esa organización dice que esta es "es revolucionaria porque está comprometida con la lucha del pueblo boliviano por su liberación y la transformación integral de la sociedad, en la perspectiva histórica de los sectores populares…".
Es obvio que el canciller Choquehuanca no sabe nada de eso, quizás por el hecho de que no lee libros desde hace 17 años.
