Es preocupante la afirmación del representante de Petrobras en el sentido de que por causa de la paralización de inversiones en la industria petrolífera nacional, Bolivia no estará en capacidad de cumplir sus contratos de exportación de gas natural si es que se le demandara el cupo máximo previsto en ellos.
En igual plano se inscribe la versión de que varias empresas prestatarias de servicios a dicha industria, han abandonado el país para radicarse en otros vecinos, con la consiguiente cesación de trabajadores y del efecto multiplicador de sus actividades, sobre todo en el oriente y el sur.
Peor todavía y salvo una excepción, las negociaciones entre el gobierno y los consorcios multinacionales obligados a "migrar" a un nuevo régimen contractual, estarían también paralizadas sin embargo de que corre el plazo establecido por el decreto de nacionalización.
Si a este panorama se agrega la escasa posibilidad de la ampliación de las preferencias arancelarias concedidas por los Estados Unidos, el horizonte no puede ser más desalentador para la economía doméstica.
De ahí que para al menos permitir la toma de previsiones por parte del aparato productivo en particular y la población asalariada en general, se haga necesario un esclarecimiento de las autoridades encargadas del sector económico acerca de la realidad de la situación.
Es lo mínimo que se les puede exigir en momentos al parecer tan cruciales.
