WASHINGTON | Los Tiempos USA
Rogelio Mayta, abogado de las víctimas de la "guerra del gas" en Bolivia, llegó a Washington DC con el encargo de saber porqué el gobierno estadounidense hasta la fecha no respondió el exhorto suplicatorio de Bolivia para que notifiquen a Gonzalo Sánchez de Lozada, Carlos Sánchez Berzaín y Jorge Berindoague Alcocer, que sobre ellos pesan denuncias y así iniciar el juicio de responsabilidades en Bolivia.
En entrevista concedida a Los Tiempos USA, el abogado hace referencia a la represión violenta del gobierno especialmente en la ciudad de El Alto en La Paz, contra la población que rechazaba la venta de gas a Estados Unidos en lo que fue la masacre de octubre (2003), donde hubo más de 60 muertos y más de 200 heridos.
"La Asociación de Familiares Caídos en defensa del Gas tuvo que formar parte del Comité Impulsor del Juicio de Responsabilidades constituido en 2004, porque vieron que el proceso para llevar adelante el juicio contra una persona con tanto poder económico y político como el de Gonzalo Sánchez de Lozada (Goni) no prosperaría sin una ayuda que equilibre la absoluta desventaja de las humildes víctimas", inició Mayta.
"Había tanta evidencia que justificaba una investigación que en el 2003 fue autorizada por el Congreso, donde dominaba el partido de Goni, no diremos el juicio sólo la investigación", añadió. "Pero el proceso se inició el 14 de octubre de 2004 y hasta la fecha tenemos un obstáculo que es insalvable: la notificación de la denuncia, porque a esa fecha ya los tres estaban en Estados Unidos".
