La Paz | La Prensa.- El Estado boliviano se comprometió, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a "incorporar" en la legislación militar el derecho de los jóvenes en edad de reclutamiento a la objeción de conciencia respecto del servicio militar obligatorio.

El coronel Raúl Córdova, de la Oficina de Coordinación Parlamentaria del Ministerio de Defensa Nacional, sin tomar una posición oficial, dijo que se estudiará cómo "cumplir" con la recomendación de la CIDH. El ex viceministro de Justicia, Carlos Alarcón, aclaró que no se trata de un fallo judicial que sienta jurisprudencia, sino un precedente que debe ser tomada en cuenta.

El Defensor del Pueblo, Waldo Albarracín, quien promovió la demanda ante la CIDH, pidió tomar con mucha seriedad la objeción de conciencia para este derecho no sea utilizado para rehuir del servicio militar obligatorio.

El testigo de Jehová, Alfredo Díaz Bustos, en 2000, pidió no ser reclutado en razón de su creencia religiosa. Los militares no aceptaron sus argumentos y él tuvo que acudir al Ministerio de Defensa Nacional -porque además se oponía a que lo declaren inhábil y pague un impuesto para obtener la libreta militar-, a la Corte de Justicia de La Paz y al Tribunal Constitucional. En todos ellos, rechazaron su derecho a la objeción de conciencia.

El Defensor del Pueblo acompañó en su demanda judicial a Díaz Bustos. El 8 de enero de 2004, la CIDH recibió la petición de la objeción con el argumento de que su libertad a la conciencia era violada y sufría discriminación en su condición de Testigo de Jehová.

El 4 julio de 2005, el Estado boliviano y Alfredo Díaz firmaron el "acuerdo transaccional", mediante el cual se comprometió a entregarle la libreta militar de redención gratuitamente y dictar una resolución ministerial que garantice que no será destinado al frente de batalla en caso de conflicto armado.