El Poder Ejecutivo a través del presidente de la República, Eduardo Rodríguez, presentará un informe sobre el avance de las negociaciones con las petroleras en cuanto a la conversión (migración) de sus contratos.

Ésa será la única acción a realizar porque será imposible concretar que las empresas del sector adecuen sus convenios de riesgo compartido a los de operación, asociación y/o producción compartida, según manda la ley, cuando sólo faltan siete días para la conclusión del plazo.

La determinación fue comunicada ayer por fuentes oficiales del Palacio de Gobierno, donde Rodríguez se reunió con el consultor externo, Xavier Nogales, que le informó sobre las conversaciones que sostuvo en su periplo por Europa y Estados Unidos, donde conversó sobre el tema con representantes de las casas matrices de las petroleras que tienen operaciones en el país.

Aunque en Palacio no hablaron en detalle del tema, dejaron entrever que Nogales tuvo "un recorrido fructífero" por los lugares señalados.

Esa situación y el hecho de que las empresas del sector estén pagando sin protestar el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), desde que entró en vigencia la nueva ley, hace que el Ejecutivo considere innecesario tener que formalizar la "migración" de contratos.

Sin embargo, el presidente de la Comisión de Desarrollo Económico de la Cámara de Diputados, Santos Ramírez, dijo que el plazo para la migración obligatoria de dichos contratos tiene un vencimiento específico y advirtió que si el Gobierno no comunica esto de manera oficial a las transnacionales y les envía los modelos de contratos, se iniciará un juicio de responsabilidades a las autoridades del área de hidrocarburos por incumplimiento a la ley.

Si el Ejecutivo cumple con este paso y son las petroleras las que no cumplen con la migración obligatoria, el Gobierno deberá estar en condiciones para rescindir esos contratos en el marco constitucional y legal, apuntó.

CBH espera un comunicado

La Cámara Boliviana de Hidrocarburos (CBH) aguarda la comunicación oficial del Gobierno sobre las condiciones de los nuevos contratos petroleros.

"Nuestra posición no ha cambiado sobre el tema y consideramos que la actual ley sectorial vulnera compromisos realizados con anterioridad", dijo Carlos Alberto López, vocero de la entidad.

Los referidos contratos están contemplados en dicho marco legal promulgado el pasado 17 de noviembre. La norma fue cuestionada antes, durante y luego de su aprobación por el sector petrolero que protesta porque es "confiscatoria", pues les eleva el pago de sus impuestos de la producción de hidrocarburos medidos en boca de pozo, del 18 al 32 por ciento.

Pese a ello, las petroleras no han dejado de pagar el tributo aunque sus voceros aclararon que, como siempre, lo hacen confiados en que se les respetará los contratos firmados en el marco de la Ley de Capitalización.