La Paz | Abi.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) de la Organización de Estados Americanos (OEA) admitió la demanda presentada por el Defensor del Pueblo, en agosto de 2004, en la que denunció la desaparición forzada del estudiante Renato Ticona Estrada y otros durante la dictadura de Luis García Meza.

El Defensor del Pueblo, Waldo Albarracín, mostró su satisfacción por la aprobación de la admisibilidad por la impunidad de dos décadas en un proceso penal que se inició en 1983 y que, a la fecha, no pasó de la etapa de la instrucción.

Junto al de José Carlos Trujillo Oroza, éste sería el segundo caso que podría pasar a conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que se pronuncie sobre la comisión de delitos de lesa humanidad cometidos en Bolivia durante los regímenes de facto.

En su informe, la Cidh desestimó los alegatos del Estado y "consideró convincentes los argumentos desarrollados por el Defensor del Pueblo" en torno a los hechos acaecidos contra Renato Ticona Estrada el 23 de julio de 1980 y respecto a la ineficacia de las investigaciones judiciales en el país.

El Defensor del Pueblo y la familia Ticona Estrada tienen confianza en que esta nueva administración gubernamental reconozca la responsabilidad del Estado por los hechos denunciados, sancione a los responsables de la desaparición forzada y entregue a los familiares los restos mortales de Renato Ticona para recibir cristiana sepultura.

De lo contrario, el trámite, ya admitido, podría concluir con una sentencia condenatoria de la Corte Interamericana y la imposición de una reparación pecuniaria de la magnitud de la que fue calificada en el caso Trujillo Oroza.