La Paz | La Prensa.- Los diputados Dante Pino, de NFR, y Juan Gabriel Bautista, del MIP, anunciaron demandas de inconstitucionalidad contra el Decreto Supremo 28429, que establece el 18 de diciembre como nueva fecha para los comicios y reasigna escaños, lo que ha sido interpretado como un intento de estos congresistas de sabotear las elecciones de diciembre próximo.

El eneferista, ministro en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, adelantó que planteará un recurso ante el Tribunal Constitucional contra los dos primeros artículos de la norma, porque -en su criterio- la redistribución de curules es competencia del Poder Legislativo y no del Ejecutivo.

"La distribución de escaños se hace por ley, no se hace por decreto, y eso está claro tanto que el fallo del Tribunal como en la propia Constitución Política del Estado. No hay duda al respecto", justificó el parlamentario.

Ante la incapacidad de la Cámara de Diputados de encontrar un consenso en casi seis semanas sobre una nueva asignación de asientos legislativos, el presidente Eduardo Rodríguez Veltzé promulgó el Decreto 28429 que establece el incremento para Santa Cruz de tres curules y uno para Cochabamba. Mientras que para La Paz dispuso una reducción de dos y a Oruro y Potosí a uno respectivamente.

La indefinición de los escaños obligó la postergación de las elecciones del 4 de diciembre hasta el 18 de ese mismo mes.

El artículo 1 del decreto -promulgado excepcionalmente por sólo los próximos comicios- dicta la redistribución en sujeción a los datos del Censo de Población y Vivienda de 2001.

El artículo 2 establece la distribución mediante la cual el departamento de La Paz pierde dos escaños.

Pino justificó su posición en sentido de que una ley evitará que las elecciones sean impugnadas por ilegales y que, consiguientemente, el próximo Gobierno sea descalificado.

Pero también dijo que los comicios bien pueden realizarse el próximo año.

El representante de la bancada eneferista, Eloy Luján, lanzó duras protestas contra los parlamentarios que pretenden demandar el decreto presidencial y dijo que Pino puede ser expulsado de su partido por tomar posiciones contrarias a su partido.

Otro recurso

Juan Gabriel Bautista (MIP)también anunció que hasta hoy presentará otro recurso contra la misma norma presidencial, que se sobrepone a una ley que debía emanar del Congreso Nacional en el tema de los escaños parlamentarios. Pese a esta su objeción, anotó que las elecciones tienen que llevarse a cabo el 18 de diciembre.

Asimismo, advirtió que los miembros de la Corte Nacional Electoral (CNE) podrían ser pasibles a un juicio de responsabilidades si mantienen su posición de no reabrir el padrón electoral para la inscripción de nuevos votantes.

Según Bautista, los ciudadanos que cumplan 18 años hasta el próximo 18 de diciembre están amparados por la Carta Magna para cumplir con sus deberes ciudadanos.

Divisiones

Y ante estos anuncios, la Brigada Parlamentaria de Santa Cruz, a través de su presidente, Williams Paniagua, del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), adelantó que no participará de las sesiones en la Cámara de Diputados si es que ésta pone en agenda el decreto.

Luego de haber sido suspendida ayer una reunión legislativa destinada a la discusión de esa norma, los diputados no hallan modos para un acuerdo inicial. En la mañana de hoy está previsto un análisis entre las distintas bancadas políticas sobre si amerita o no inscribir en la agenda la norma de Rodríguez Veltzé.

El presidente de la Brigada Parlamentaria de La Paz, Gonzalo Avendaño, del MNR, invocó a los diputados paceños a no asistir a las sesiones convocadas mientras no estén presentes las nueve brigadas parlamentarias.

Un comunicado del bloque occidental califica de discriminatoria e injusta la distribución de escaños que hizo el mandatario. Avendaño admitió que en la brigada existe división.

Sin embargo, él participó de una reunión que fracasó en Santa Cruz el 31 de octubre, situación que obligó la emisión del decreto.

En cambio, la Brigada Parlamentaria de Oruro anunció que asistirá a los debates. Su presidente, Edmundo Barrientos, anticipó que esa instancia pedirá un informe al ministro de la Presidencia, Iván Avilés, para ver si se justifica que Oruro haya perdido un escaño.

Aclaró que los orureños no quieren perjudicar el proceso electoral de ninguna manera.

Mientras, la presidenta de la Brigada de Potosí, Emma Quiroga, expresó su desacuerdo con la nueva distribución de escaños, pero dijo que el decreto es constitucional.

El decreto tiene "vida propia"

Entretanto, el delegado presidencial para Asuntos Políticos, Jorge Lazarte, dijo que con la presentación de demandas ante el Tribunal Constitucional en contra del decreto se pretende perjudicar las elecciones.

Aclaró que "no es imprescindible" que la medida presidencial sea elevada a rango de ley, tiene "vida propia" aunque dijo que sería positivo para otorgarle "mayor blindaje" al decreto, aclaró.

Lazarte pidió coherencia democrática a los parlamentarios que -a nombre de sus regiones- amenazan con acciones legales en contra del decreto que redistribuye los escaños y fija al 18 de diciembre como el día de las elecciones generales y de prefectos. "Dicen defender el proceso electoral y la democracia, pero con demandas ante el Tribunal Constitucional lo que buscan es entorpecer el proceso electoral Tendrán que rendir cuentas ante los propios ciudadanos (...) Actuado de esa manera ponen en contradicciones entre lo que dicen y lo que hacen", dijo Lazarte.

El 1 de noviembre, el presidente Eduardo Rodríguez resolvió, por decreto, redistribuir escaños en cumplimiento de un dictamen del Tribunal Constitucional, luego de cinco semanas en las que el Congreso no pudo establecer acuerdos mínimos para reponer el artículo 88 del Código Electoral que establece el número de diputados por región.