La falta de legalidad pone en peligro la factibilidad de Bolivia como país. Esa perniciosa falta de legalidad torna todo más difícil en este proyecto multiétnico y pluricultural. Si algo debe aglutinar el intrincado proyecto de multietnicidad, de pluriculturalidad, y de maliciosa idiosincrasia, ¡es la ley! Pero si se la socava y negocia por encima de lo que dictamina el Poder Judicial a través del Tribunal Constitucional, entonces se socava el Estado porque uno de sus poderes está siendo denigrado en la forma más condenable y hasta peligrosa. Peligrosa porque lo que se ha hecho con esto de no dar cuatro escaños a Santa Cruz y dos a Cochabamba (y restar los mismos a La Paz, Oruro y Potosí) es sentar un pésimo precedente que puede ser utilizado en el futuro en detrimento del poco orden legal que nos queda. Se trata de otro error producto de la anarquía mental que reina en este ambiente multiétnico y pluricultural que cada vez parece arrojar menos dividendos positivos. ¡Por favor!

La ley es clara. El Título Tercero, Capítulo III, Artículo 121-I de la Constitución Política del Estado, dice "Contra las sentencias del Tribunal Constitucional no cabe recurso ulterior alguno". Y el Capítulo I, Artículo 116-IV dice "El control de constitucionalidad se ejerce por el Tribunal Constitucional". Entonces en qué quedamos con los borbotones de ilegalidad que hemos presenciado últimamente sobre todo de los líderes cívicos y parlamentarios de La Paz, Oruro y Potosí que no entienden o no quieren entender que la ley se acata y punto. Lo que realmente necesitamos es menos estulticia y más sentido de futuro; el futuro de nuestros hijos y nietos. Incluso el decreto 28428 que reacomoda los escaños de modo que Santa Cruz tenga tres y Cochabamba dos, infringe la decisión inicial e inapelable del Tribunal Constitucional ya que la Constitución en su Capítulo III, Artículo 119-I establece que "El Tribunal Constitucional es independiente y está sometido sólo a la Constitución. Desde luego, el Poder Legislativo ambién ha contribuido a esta debacle por su consabida inacción. ¡Increíble!

El daño que se hace a la legalidad en Bolivia es mayúsculo porque de ahora en adelante cualquier fallo del Tribunal Constitucional, y desde luego de otro tribunal, puede ser cuestionado por cualquier hijo de vecino y en cualquier circunstancia. Lo que en última instancia quiere decir que la ley ¡no es realmente ley!, que cada quien hace lo que le venga en gana porque así lo ha permitido el cúmulo de líderes de lo multiétnico y pluricultural que todavía no se enteran que la ley, insisto, es lo único que nos debe unir. Por otro lado lo de multiétnico y pluricultural denota una multitud de maneras de sopesar los valores y vivirlos, lo que significa que también somos víctimas de una multimoralidad contumaz.

La multimoralidad que se deriva del desacato a la ley por parte de unos cuantos leguleyos con poder de "negociación" y de "decisión" nos retorna nuevamente a lo que siempre ha entorpecido y hasta obstaculizado la convivencia entre bolivianos, y es la falta de un denominador común que sostenga la nacionalidad boliviana. Y ese denominador es la ley partiendo de la Constitución. Y es la ley porque realmente no hay otro ente que funja como aglutinante.

Ahora, sería injusto culpar del todo al poder Ejecutivo por no haber hecho respetar la decisión del Tribunal Constitucional contra viento y marea. Lo que acontece es que en esta instancia ese "viento" y esa "marea" debieron haber comprendido desde un comienzo que acorralar a las autoridades no servía legalmente porque obligaba a ese Ejecutivo a apagar el incendio inmediato que era (y siguen siendo) el enfrentamiento entre regiones con el peligro de escalamiento a divergencias más pronunciadas y de otro tipo. Recordemos que se trata de un Ejecutivo de transición que necesita el apoyo de todos y, como tal, desde luego que no necesita desacatos ni tozudez implacable que constituyen, insisto, un precedente malísimo, y un insulto a la legalidad, claro.