Volver a poner en vilo al país significará atentar contra la voluntad de la población que ve en la renovación del sistema político la salida más a la mano de la crisis que arrastra desde el año 2000.

En medio de posiciones que van desde concurrir a la sesión pero no pronunciarse ni votar sobre el tema, como es el caso de la brigada cruceña, o más bien insistir en que no se disminuya el número de escaños, que es lo que postula una dividida representación del departamento de La Paz y, peor todavía, bajo la amenaza de más recursos ante el Tribunal Constitucional a propósito del decreto supremo por el cual el Poder Ejecutivo procedió a la reasignación y fijó una nueva fecha para las elecciones generales, la Cámara de Diputados se reunirá hoy con objeto de debatir un asunto que desde hace un mes no puede resolver a causa de tampoco haberse sujetado a lo que dice la ley y de lo que a estas alturas es indisimulado juego de intereses personales de algunos de sus miembros.

Al epílogo de dicho lapso de tiempo, hubo quienes consideraron que el decreto expedido a falta precisamente de una acción de los representantes nacionales, gozaba del suficiente respaldo legal y que, por ello mismo, era innecesario que se lo refrendara mediante una norma expresa del Congreso, mientras que no faltaron los que hallaron en él resquicios para impugnarlo.

En este sentido, los diputados cruceños hicieron saber que se presentarían en el hemiciclo pero privilegiando otras cuestiones pendientes en la Cámara, como el Presupuesto General de la Nación, dando a entender que habían aceptado tácitamente los tres escaños asignados a su distrito, además de haber ratificado su apoyo a los comicios del 18 de diciembre. Los paceños, en cambio, se mostraron confrontados entre sí, lo que produjo confusión en torno de lo que finalmente persiguen.

Desde otro ángulo, menudearon los anuncios relativos a la presentación de recursos ante el organismo encargado de velar por la constitucionalidad ya no sólo en contra de la disposición del Ejecutivo, sino de alguna supuesta omisión de la Corte Nacional Electoral en materia de inscripción de electores, destacándose el de un diputado que anteriormente había protestado por el adelanto de las elecciones y el acortamiento del mandato parlamentario en razón de las deudas que él y quizá otros de sus colegas habían contraído...

Con estos antecedentes, resultaba imprevisible el curso de la deliberación de la fecha, postergada en una jornada por la titular de la Cámara al parecer en la vana esperanza de que el panorama se despejaría.

Volver en estas circunstancias a poner en vilo al país por el expediente de otro golpe a su precaria institucionalidad, significará atentar contra la voluntad mayoritaria de la población que ve en la renovación del sistema político la salida más a la mano de la crisis que arrastra desde el año 2000, aún a costa de la suma de despropósitos que su ordenamiento jurídico viene sufriendo sin solución de continuidad.

Es pues hora de que los diputados procedan con responsabilidad.