La Paz | ANF
La Comisión Mixta de Constitución del Congreso concluyó ayer la redacción de su informe final en el que sugiere al pleno autorizar el juicio de responsabilidades contra los ex presidentes Gonzalo Sánchez de Lozada, Jorge Fernando Quiroga Ramírez y Carlos Diego Luis Rafael Mesa Gisbert, por presuntos cargos de contratos lesivos al Estado en la suscripción de protocolos petroleros sin autorización del Congreso Nacional.
El texto del informe "Inf. Comix Nro. 006/06-07" comenzará a correr firmas a partir de hoy para que los 37 integrantes de la Comisión, entre senadores y diputados, titulares y suplentes, rubriquen el documento o, se abstengan de hacerlo para que pase a consideración del presidente del Congreso Álvaro García Linera, quien deberá fijar día y fecha de la sesión del Parlamento que deberá aprobar por dos tercios de voto la resolución respectiva.
Dicha resolución significa una autorización del Congreso a la Corte Suprema de Justicia para iniciar el enjuiciamiento correspondiente a los ex mandatarios y sus respectivos ministros de Hidrocarburos, que a través de la entonces residual Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), administraban contratos de riesgo compartido con las petroleras que llegaron atraídas por la Ley de Capitalización.
El requerimiento acusatorio del Fiscal General de la Nación del 16 de marzo de 2006 señala que en los 107 contratos se encuentran evidentes indicios de transgresión a la Constitución Política del Estado y leyes de la república.
La Comisión suscribe la acusación contra los ex ministros Sin Cartera de Hidrocarburos, Carlos Morales Landívar, Fernando Illanes de la Riva, ex ministros Jorge Berindoague Alcócer, Álvaro Ríos Roca, Mauricio Galleguillos Camacho, Antonio Araníbar Quiroga, Javier Nogales Iturri y Guillermo Torres Orías, de dictar resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado, incumplimiento de deberes formales, encubrimiento y conducta antieconómica.
La acción penal se inicia a instancias del ex diputado, Juan Gabriel Bautista, Roberto de la Cruz, Jaime Solares Quintanilla, Alberto Costa Obregón, Juan Evo Morales Ayma, Antonio Peredo Leigue, Santos Ramírez y Ricardo Alberto Díaz, que lograron, después de sortear obstáculos jurídicos, que el decano en ejercicio de la Corte Suprema de Justicia Jaime Ampuero García, enviara al Congreso los 22 cuerpos de 5.277 fojas y dos anexos. El primer anexo de 32 cuerpos y 8.141 fojas y el segundo de 435 fojas, todas referidas a la demanda legal.
Ex presidentes
La Comisión logró identificar que el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada en 1997, firmó con Chaco 52 contratos de riesgo compartido por 40 años para la exploración, explotación y comercialización de las reservas de gas en los departamentos de Santa Cruz, Cochabamba, Tarija y Chuquisaca, siendo su presidente de YPFB, José Arturo Castaños, en tanto que en el período 2002 firmó otro con Petrobras.
El fallecido ex presidente Hugo Banzer Suárez en 1997 y 1998 suscribió 49 contratos con varias empresas por 40 años para la exploración, explotación y comercialización de campos de gas, con presidente de YPFB, Carlos Salinas Estenssoro.
Jorge Quiroga firmó en 2001, cuatro contratos de riesgo compartido por 40 años para la exploración, explotación y comercialización en el Bloque El Ingre, Vuelta Grande Norte, Río Hondo, Bloque Aquio a cargo de Petrobras, Chaco, y Total, siendo presidente de YPFB, Hugo Peredo Román.
Según el informe de la Comisión, el ex presidente Carlos Mesa Gisbert suscribió un contrato de riesgo compartido por 33 años con Chaco para la exploración del Campo Montecristo de 550 mil hectáreas, ubicado en la provincia Warnes de Santa Cruz.
La comisión hace especial énfasis en los contratos que entregan concesiones dentro de los 50 kilómetros de las fronteras, por Sánchez de Lozada con Chaco para el campo Churumas, Tarija; Hugo Banzer con Petrobras para el bloque San Alberto, y los campos Bermejo, Toro, Berredero, Tigre y San Telmo.
Irregularidades cometidas
La Comisión considera que Sánchez de Lozada omitió el artículo 96 de la CPE; el 59 que ordena tramitar ante el Legislativo autorización y aprobación de contratos relativos a la explotación de riquezas naturales; el artículo 286 del Código de Procedimiento Penal, Ley Safco, Estatuto del Funcionario Público, por lo que debería ser enjuiciado por dictar resoluciones contrarias a la CPE y las leyes, daño económico al Estado por haber dado en propiedad los hidrocarburos a las empresas transnacionales.
A Jorge Quiroga, por ignorar el artículo 59, 96 y sobre todo el 92 al haber jurado fidelidad ante el Congreso y luego omitir lo previsto el 139 y 228 de la Constitución Política del Estado, además de constituirse en cómplice y encubridor de Sánchez de Lozada.
En tanto que a Carlos Mesa por incumplimiento de deberes, sabiendo que Sánchez de Lozada y Jorge Quiroga Ramírez, emitieron normas anticonstitucionales, por tanto, está bajo sospecha de encubridor. Igualmente, al suscribir un contrato petrolero e ignorar el trámite de autorización congresal, lo que, igualmente, significa ilícitos de dictar resoluciones contrarias a la Constitución, incumplimiento de deberes, encubrimiento y daño económico al Estado por entregar la propiedad del gas a empresas extrajeras.
