La Paz y Santa Cruz | ANF
La Cámara de Diputados aprobó anoche, en grande el proyecto de ley modificatorio a la Ley del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), pese al disenso entre los jefes de las bancadas sobre nueve artículos y el abandono de la reunión de concertación por parte de los dirigentes de la Confederación Nacional de Agropecuarios (Confeagro), después de que el vicepresidente Álvaro García anunciara la decisión de los legisladores oficialistas de aprobar la norma en primera instancia.
Anoche, al conocer la aprobación en grande de la ley modificatoria, los indígenas y campesinos del oriente iniciaron una evaluación y consulta para definir la pertinencia o no de proseguir con la marcha que iniciaron en Santa Cruz, la semana pasada, hacia la sede de gobierno para presionar al Congreso aprobar las modificaciones de la Ley INRA. Los marchistas hicieron ayer un alto en la localidad de Yapacaní (distante a 170 kilómetros de la capital cruceña) donde llegaron este lunes, para descansar y reponer fuerzas.
Contrariamente a la satisfacción de los indígenas, los agropecuarios del oriente decidieron romper el diálogo con el Gobierno en protesta a esa decisión, desconociendo las negociaciones y los avances en el consenso de varios puntos. "Es un atropello y por es nos retiramos del diálogo", afirmó el presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente, Mauricio Roca, junto a las instituciones que hacen al sector productivo cruceño.
Hay una ruptura en la negociación en respuesta al doble discurso del Gobierno. Este proceso de dialogo se ha truncado porque el partido oficialista eligió aplicar el rodillo parlamentario y aprobar una ley que no respeta los consensos. Eso muestra una posición interesada del Gobierno, explicó Roca.
La situación impone un congreso ampliado de todo el sector agropecuario del país, explicó el ejecutivo al señalar que esa instancia será la que defina las acciones a tomar.
El vicepresidente Álvaro García Linera explicó que después del trabajo de las brigadas parlamentarias de Beni, Pando y Santa Cruz, organizaciones sociales indígenas, campesinas y la Confeagro en busca de consensos, "ahora los congresistas deben hacer su trabajo".
García informó que los puntos de disenso serán tratados por los parlamentarios hoy, desde las 10:00 en el salón de Los Retratos del Congreso, y de esa forma evitar que la marcha de indígenas desde Santa Cruz continúe rumbo a La Paz y se masifique con la incorporación de más campesinos como se anunció.
Un grupo de 50 campesinos representantes de seis provincias benianas que componen la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos del Beni partieron ayer hacia Santa Cruz, para sumarse a los campesinos e indígenas que están en Yapacaní.
Disensos
Uno de los puntos de disenso es el artículo 24 que señala que: "Las tierras fiscales serán dotadas comunitariamente por el INRA mediante trámite administrativo iniciando ante las direcciones departamentales, con base a los planes de uso del suelo y a la capacidad de uso mayor de la tierra, certificada por la Superintendencia Agraria o la Superintendencia Forestal, según la vocación de las mismas".
La Confeagro propone que la distribución de las tierras fiscales sea sobre la base de las actuales preferencias legales (dotación frente a la adjudicación), la última sea preferentemente para pequeños productores a título individual. Por su parte, las organizaciones sociales proponen que la distribución de tierras sea para exclusividad de los indígenas, originarios y campesinos las tierras fiscales disponibles.
Otro de los artículos polémicos es el 31 que indica que "el INRA revertirá tierras sujetándose al siguiente procedimiento y lo establecido: la reversión se procederá de oficio o denuncia de la Superintendencia Agraria, Forestal, Sernap, comisiones agrarias, departamentales y organizaciones. Además que las resoluciones emergentes de este procedimiento podrán ser impugnadas únicamente ante el Tribunal Agrario Nacional en proceso contenciosos administrativo, en el plazo perentorio de 30 días calendario a computarse desde la fecha de su notificación. En ese marco la Confeagro platea periodos fijos de cinco años, en tanto las organizaciones sociales piden seis meses después de la última verificación o a la conclusión del saneamiento.
Otros tres artículos conflictivos
Otro artículo observado, de los nueve de la ley de modificación de la Ley INRA, es el 33 que señala que las tierras expropiadas por causales de utilidad pública, serán dotadas a favor de los pueblos indígenas, originarios que como resultado del proceso de saneamiento no hayan sido beneficiados.
Al respecto, la Confeagro plantea que está de acuerdo con la expropiación pero que esta debe focalizarse sólo en beneficio de los Tapieté, Yaminahua, Guaraní y Weenhayek. Las organizaciones sociales y el Poder Ejecutivo proponen que se mantenga la distribución original del proyecto de ley modificatorio a la Ley 1715.
La compensación, artículo 34, es otro de los puntos conflictivos ya que el proyecto de ley señala que el monto de indemnización por expropiación será establecido tomando en cuenta el valor de mercado de las tierras o podrán beneficiarse con extensiones de tierras. Sin embargo las organizaciones sociales no están de acuerdo con la compensación territorial.
El artículo 41, parágrafo IV (Disposición transitoria primera), indica que los jueces agrarios sólo podrán conocer procesos interdictos (ocupación) sobre predios antes del inicio o después de concluido el proceso de saneamiento de la propiedad agraria. Las organizaciones sociales proponen que los interdictos posesorios solo pueden plantearse antes o después del saneamiento. En tanto, la Confeagro pide que el punto debe ser consultado jurídicamente ya que existen susceptibilidades de que el derecho a la defensa quede negado o restringido en la vía administrativa.
