Indígenas guaraníes han amenazado con bloquear los accesos carreteros al campo petrolífero Margarita, explotado por la empresa hispano-argentina Repsol YPF, si ésta no desembolsa 44 millones de dólares por supuestos daños ambientales en el departamento de Tarija.
Al respecto, la Ministra de Gobierno sostuvo que no permitirá la ejecución de la medida y que en caso necesario utilizará a la fuerza pública para desalojar a los lugareños y sentar principio de autoridad.
No es la primera vez que en el país se da este tipo de presión irracional y caprichosa en busca de beneficios por comunidades cercanas a las áreas productoras de petróleo y gas, que han visto en la denuncia de "impactos negativos" a su hábitat el expediente para lograr dinero de las compañías.
Según Repsol YPF, representantes del gobierno visitaron Margarita en varias oportunidades, sin llegar a constatar la veracidad de la denuncia. Más aun, los indígenas se habrían negado a dialogar hace quince días ante la ausencia del principal ejecutivo de la empresa.
Luego de la reciente firma de nuevos contratos entre el Estado y las petroleras, el presidente Evo Morales les ofreció plena seguridad jurídica, por lo que resulta apropiado inferir que se impedirá esta práctica que viene a sumarse a los frecuentes cierres de válvulas en perjuicio no sólo de ellas, sino de la economía nacional.
