Golpe a la institucionalidad

Salvo que el gobierno nacional se decida a intervenir e imponer la reparación correspondiente, el fenómeno podría extenderse a otros distritos y acabar con ella.

La opinión pública sensata del país y particularmente la de Cochabamba, observó incrédula e impotente el desenfreno de los cocaleros y campesinos militantes del Movimiento al Socialismo que desde la semana pasada ocupan la plaza principal de esta ciudad en demanda de la renuncia del Prefecto del Departamento, cuando ayer emprendieron el bloqueo de los accesos al lugar y atacaron a la Policía, primero, y al edificio prefectural y negocios y vehículos después, causando el saldo de al menos una veintena de heridos y considerables daños materiales.

Como no podía ser de otra manera, la Policía trató de detener la andanada con uso de gases y balines, lo que enardeció más a los labriegos y degeneró en desmán no sólo en el epicentro del conflicto, sino en sus alrededores.

En esas circunstancias y después del medio día, la Ministra de Gobierno dispuso la destitución del comandante policial posesionado horas antes, aparte de instruir el repliegue de los uniformados y culpar al Prefecto de lo ocurrido, extremo que éste negó afirmando que no impartió ninguna orden de represión, sino que los policías reaccionaron a la provocación y se propusieron cumplir las tareas que les encomiendan la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica.

Lo grave de este luctuoso episodio es que más allá de la conducta desconcertante de la Ministra, la campaña por el alejamiento del Prefecto contó con el aval del entorno presidencial --aunque cuidándose de mostrar lo contrario-- y del propio Presidente, quien el sábado se alineó con los manifestantes sindicando a la autoridad departamental de soberbia, prepotencia y doble discurso a raíz de su planteamiento de realizar un nuevo referéndum sobre las autonomías.

Más todavía, el Vicepresidente de la República y el viceministro de coordinación con los movimientos sociales coincidieron en señalar al Prefecto como responsable de los enfrentamientos, a la vez de endosar la posición de la titular de Gobierno, advertir que hubo exceso en la respuesta policiaca y trasladar la solución del problema a Cochabamba, mediante el diálogo y la concertación entre su primera autoridad y quienes pretenden que dimita.

En ese contexto, un avenimiento parecía impracticable, máxime si la Central Obrera Departamental, que inicialmente lideró el movimiento de desestabilización de la administración regional, anunció el bloqueo de caminos a partir de hoy, mientras que el Prefecto reiteraba que no abandonará el cargo para el que fue elegido por votación popular.

La institucionalidad democrática se ha visto, pues, duramente golpeada y salvo que el gobierno nacional decida intervenir e imponer la reparación correspondiente, el fenómeno podría extenderse a otros distritos y acabar con ella.