La institucion del arbitraje

Una cosa es la realidad, que involucra la fe de un Estado, y otra las intenciones, fueran buenas o simplemente demagógicas.

Durante una visita a la fundición de Vinto, el Presidente de la República se quejó de no poder nacionalizar más recursos naturales por el riesgo que significa el arbitraje al que las empresas extranjeras que los explotan, pueden y suelen acudir en determinados casos.

De forma coincidente, desde los Estados Unidos se informó que un consorcio petrolero norteamericano logró un congelamiento de activos de su par venezolano, Pdvesa, por la friolera de doce mil millones de dólares, dentro de un proceso arbitral, precisamente, a causa del conflicto generado por la decisión del coronel Hugo Chávez de proceder a la nacionalización de las reservas de hidrocarburos que guarda la famosa franja del Orinoco, aunque en la práctica tal medida se hubiese reducido a la proposición de formalizar asociaciones entre dicho ente fiscal y varias compañías foráneas, obligándolas a participar en proporción minoritaria.

Ambos hechos permiten comentar un fenómeno que hoy en día se viene observando en tres de los países integrantes de la llamada Alternativa Bolivariana para las Américas, de factura del mandatario mencionado; es decir, Venezuela, Bolivia y Ecuador no así en Cuba, cuyo éxodo de capitales externos tiene larga data, ni en Nicaragua, de reducida economía, donde a título de recuperación de riquezas no renovables, se persigue mayores beneficios a costa de quienes trabajan con ellos merced a su capacidad tecnológica y financiera; todo bajo el señuelo de la nacionalización, que no pasa de la forzosa renovación de contratos, según rezan la experiencia vivida aquí en la presente gestión, a diferencia de lo ocurrido en anteriores décadas, tanto en el rubro de los hidrocarburos, cuanto en el de la minería, si se quiere, y la que se confronta en territorio venezolano, mientras que el Presidente ecuatoriano ha emprendido sus primeros pasos en igual dirección.

Bien por esos gobernantes y regímenes que tratan de obtener más ingresos para sus respectivos tesoros mediante el ajuste de acuerdos bilaterales en materia del aprovechamiento de los dones de la naturaleza, o a través de su explotación directa, de ser ello posible.

Lo que empero al parecer olvidan es la existencia de convenios libremente suscritos entre sus naciones, cualquiera hubiera sido el tipo y tendencia de las administraciones de turno, y organizaciones empresariales multinacionales, privadas o mixtas, los cuales estipulan, entre otras cosas, el arbitraje de terceros en situaciones de controversia, que es lo que ahora sucede en Venezuela y podría también darse en Bolivia, tratándose de la compañía suiza a cargo de Vinto, justamente, y de la italiana socia de Entel, más allá de las previsiones oficiales para zafarse, no se sabe aun con qué perspectivas, del instituto dependiente del Banco Mundial para el desempeño de tareas encaminadas a la solución de esta clase de entuertos.

Una cosa es, pues, la realidad que involucra la fe de un Estado, y otra las intenciones, fueran buenas o simplemente demagógicas.