La reciente aprobación y sanción de la nueva Ley de Hidrocarburos ha marcado el fin de un capítulo, y el inicio de otro, en esta prolongada disputa en que se ha sumergido el país por causa del descubrimiento de sus ingentes reservas de gas natural.

En algo menos de tres años, se ha perdido el mercado estadounidense de California y ha postergado, quién sabe por cuánto tiempo, la posibilidad de exportar gas a México. En ese mismo lapso, y debido a la extremada ideologización del debate sobre los hidrocarburos, nuestro país ha desaprovechado por completo su potencial ventaja para convertirse en el nudo energético del continente sudamericano y ha tendido la alfombra para que países como Perú hagan los negocios -es el caso de la provisión de gas a Chile o México, entre otros- que Bolivia está dejando pasar.

Pero no es sólo eso. El gas se ha convertido, a lo largo de estos últimos años, en la manzana de la discordia nacional. La irresponsabilidad -si no irracionalidad- con que se ha conducido el debate sobre el aprovechamiento de nuestros recursos naturales ha sido, en última instancia, el factor desencadenante del actual proceso de descomposición institucional del Estado; habiendo determinado, además, el ahondamiento de la polarización del país y el deterioro de la imagen de Bolivia ante la comunidad internacional. Sobra decir, sobre este particular, que casi todos los propósitos desestabilizadores de la democracia, en por lo menos los últimos tres años, se han articulado en torno a las banderas del gas.

Hoy, con la Ley de Hidrocarburos aprobada y sancionada en los últimos días, el entuerto del gas no parece haber llegado a su final. La nueva norma es cuestionada tanto por los consorcios petroleros y la empresa privada, como por los movimientos sociales y las principales regiones productoras de gas.

En vez de disiparse, la ola de amenazas -de uno y de otro sector- se ha multiplicado, y los conflictos acechan nuevamente al país. Hay malestar entre las regiones productoras y no productoras de hidrocarburos; los grupos radicales, que insisten en una Ley confiscatoria y nacionalizante, anuncian más movilizaciones; y las empresas petroleras ya estudian no sólo la posibilidad de iniciar sendas demandas al Estado sino, lo que es peor, de congelar sus inversiones en Bolivia.

He ahí el resultado de un referéndum del gas cuyas preguntas, tan ambiguas como calculadas, se fabricaron con el único objetivo que el de obtener un triunfo político para el Gobierno. Y he ahí, también, el fruto de un corporativismo sindical que actuó de manera incontenible ante la ausencia del Estado y el crónico desgobierno.

Es harto evidente que Bolivia requería incorporarse al negocio del gas en condiciones más favorables y ventajosas que las inicialmente establecidas tras el proceso de capitalización de las empresas estatales, pero no a costa de postergar indefinidamente la monetización e industrialización de las inmensas reservas de gas natural halladas en territorio nacional.

VENTANA

Es harto evidente que Bolivia requería incorporarse al negocio del gas en condiciones más favorables y ventajosas que las inicialmente establecidas tras el proceso de capitalización de las empresas estatales, pero no a costa de postergar indefinidamente la monetización de las inmensas reservas de gas natural halladas en territorio nacional.